El ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) el conjunto de reformas emprendido por el Gobierno para luchar contra la corrupción, una iniciativa que considera sin precedentes desde que se aprobara la Constitución en 1978.
El titular de Justicia, en la inauguración de un curso sobre corrupción organizado por la Fundación Pombo en la universidad santanderina, destacó que al combatir esta lacra social nos jugamos nuestra propia credibilidad como Estado democrático y de Derecho. Por ello ha señalado que, salvo el desempleo y la superación de la crisis, ningún asunto ha concitado más dedicación del Ejecutivo en esta legislatura que la lucha contra la corrupción.
Para Catalá, el conjunto de normas específicas en este ámbito arrancó en los primeros cien días de Gobierno con la presentación de un Proyecto de Ley que desembocaría en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Esta norma supuso la evolución hacia un modelo institucional y político acorde con la demanda ciudadana de mayor transparencia y rigor en la gestión de los recursos públicos.
Además, la reforma en materia de fraude fiscal y a la seguridad social de enero de 2013 incluye la responsabilidad penal de los partidos políticos cuando actúen como una persona jurídica más en orden a su propio funcionamiento, y la Ley 3/2015 de control de la actividad económica de los partidos políticos ha supuesto la reducción de la subvención estatal y la atribución de su cuantía al parlamento. Esta última incorpora también medidas de control de la financiación de partidos políticos, restringe los sujetos que pueden realizar donaciones, amplía la información contable y regula la figura del responsable de la gestión económico-financiera.
El ministro ha destacado también la reforma del Código Penal que consigna el delito de financiación ilegal de partidos políticos y modifica la regulación de la corrupción en el ámbito privado y en el sector público. Las modificaciones afectan principalmente a las penas, ya que refuerzan la punición de los llamados delitos contra la corrupción en el ámbito de la administración pública y castigan la financiación ilegal de los partidos políticos.
Otro cambio relevante, ha explicado Catalá, es la reforma del comiso, con la posibilidad de decomiso ampliado, sin sentencia y de bienes de terceros, además de la creación de la Oficina de Recuperación de Activos.
