El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha participado recientemente en una mesa redonda sobre discapacidad y derecho, celebrada en la sede del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales con motivo del aniversario de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en diciembre de 2006, y ratificada por España en 2007.
El ministro ha subrayado el esfuerzo acometido en los últimos años por el Gobierno y por los distintos ministerios para mejorar la protección y el fomento de los derechos de las personas con diversidad funcional en el marco de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020. Catalá ha recordado que en estos años se ha realizado la reforma de la norma de referencia en este ámbito, la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, así como un conjunto de reformas legislativas dirigidas a ofrecer una mayor seguridad jurídica a este colectivo.
Entre ellas, el ministro ha destacado la previsión incluida en la Ley de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social, para la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios que afectan a familias con algún miembro con discapacidad superior al 33%. La Ley incrementa, además, el umbral de ingresos a tener en cuenta para la suspensión de los lanzamientos cuando se trate de personas con discapacidad.
En la reforma del Código Penal, el ministro ha señalado que en los delitos contra la prostitución se ha establecido una separación más nítida entre los comportamientos cuya víctima es una persona adulta, de
aquellos otros que afectan a menores de edad o a personas con discapacidad. En lo que afecta a este colectivo, se elevan las penas previstas con el fin de armonizar las legislaciones europeas y se introducen nuevas agravantes para combatir los supuestos más lesivos de pornografía infantil. En relación a ésta, se castigan los actos de producción y difusión e incluso la asistencia a sabiendas a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que participen menores de edad o personas con discapacidad.
En relación a la protección de los menores, el ministro de Justicia ha enumerado también el conjunto de medidas normativas para avanzar en la integración de las personas con discapacidad funcional incluidas en las leyes de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que establecen expresamente que no puede existir ningún tipo de discriminación por razón de la discapacidad de un menor. Se
apuesta por el refuerzo de apoyos especializados a los menores con diversidad funcional tanto en el proceso judicial como después y se impulsa el papel de los poderes públicos para garantizar los derechos y
obligaciones de los menores.
