Catalá defiende un acceso de calidad, fácil y gratuito a la Justicia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha inaugurado en Málaga las IV Jornadas Conjuntas por la Jurisdicción de Familia, donde ha defendido un marco jurídico favorable a esta institución nuclear de nuestra sociedad a través de una red de seguridad y apoyo que suponga para la misma un acceso de calidad, fácil y gratuito a la Justicia.

Catalá ha destacado que las 34 leyes en materia de Justicia tramitadas en los últimos cuatro años han mejorado el acceso de las familias a los tribunales y al ejercicio de su derecho a la tutela judicial. La ampliación de
la Justicia gratuita (a umbrales de renta más bajos y a colectivos especialmente vulnerables), la derogación de tasas judiciales en todos los órdenes para las personas físicas, el reparto de cargas de trabajo entre juzgados y la especialización de órganos judiciales establecida por la Ley Orgánica del Poder Judicial y el impulso de una Justicia tecnológicamente avanzada y digital, apuntan, según ha explicado el ministro, al beneficio y protección de la unidad familiar como elemento básico del Derecho de Familia.

Retos de futuro

Catalá ha señalado como uno de los principales desafíos de futuro la necesidad de dotar de mayor eficiencia a nuestra planta judicial a través de un plan que distribuya mejor las cargas de trabajo y transforme algunas unidades judiciales y cree otras nuevas donde sea necesario. El ministro también ha apostado por incorporar una mayor transparencia y accesibilidad a la Administración de Justicia, de manera que la Justicia digital y la transformación tecnológica se consideran ya el desafío más importante tanto para los ciudadanos como para los operadores jurídicos y los despachos de abogados.

La protección de los miembros más débiles de la sociedad, como las víctimas del delito, los menores y las mujeres víctimas de violencia de género, ha sido otra de las vías de acción principal de la pasada legislatura en el ámbito de la Justicia. En relación a la protección de los menores, Catalá propone la implantación futura de un protocolo que establezca cómo atender sus necesidades y la tutela de sus derechos durante un proceso judicial con el impulso, entre otras medidas, de salas amigables en los juzgados.

La lucha contra la violencia de género, según ha destacado Catalá, se ha beneficiado de la ampliación de competencias del juez de Violencia contra la Mujer y de la implantación de las unidades de valoración
forense de forma integral establecidas en los Institutos de Medicina Legal, pero es necesario ofrecer un tratamiento transversal a esta lacra para que sea reconocida en toda la legislación y en todos los servicios de
la Administración de Justicia.

El ministro también ha abogado por aplicar en un futuro próximo reformas como las que impiden contraer matrimonio a los condenados por haber participado en la muerte dolosa de su pareja o las que amplían las causas de indignidad sucesoria no solo para los condenados por atentar contra la vida del cónyuge o hijos, sino por otros delitos de violencia familiar y de género como el de lesiones, amenazas y acoso.

Por último, el ministro de Justicia ha señalado que la excesiva litigiosidad es uno de los problemas que más perturba los actos jurídicos cotidianos relacionados con el Derecho de Familia, como los matrimonios o las
separaciones y divorcios de mutuo acuerdo sin hijos menores, por lo que se ha impulsado la Ley de Jurisdicción Voluntaria para que otros operadores jurídicos puedan tramitar estos expedientes. Así, desde la entrada en vigor de la ley, más de 5.000 actos de jurisdicción voluntaria que anteriormente se realizaban en los juzgados han pasado a tramitarse fuera de los mismos.

En este sentido, Catalá ha concluido que la apuesta por la búsqueda de soluciones acordadas fuera de los tribunales a través de la mediación aporta ya a las familias una vía rápida, menos costosa y consensuada de
resolver sus conflictos. El fomento de la mediación, su efectiva articulación y las posibles reformas que incrementen su seguridad jurídica quedan entre los objetivos principales para intensificar su implantación.

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