Catalá defiende que la lucha contra la corrupción sea objetivo prioritario de la colaboración internacional

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha participado en la Cumbre Internacional contra la Corrupción que se celebra en Londres, a la que asisten representantes de cerca de 50
delegaciones entre países, organizaciones internacionales y representativas de la sociedad civil. Entre los asistentes destacan el primer ministro británico, David Cameron, el secretario de Estado de EE.UU. John Kerry, los ministros de Justicia de Alemania, Heiko Maas, e
Italia, Andrea Orlando, el ministro de Finanzas francés, Michel Sapin, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, o el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

Catalá ha defendido en la capital británica la necesidad de aprovechar los acuerdos existentes a nivel internacional para establecer como una prioridad la lucha contra la corrupción más allá de las fronteras.

Asimismo ha destacado la importancia de aplicar una mayor transparencia en cuestiones presupuestarias y fiscales para disuadir a los evasores de impuestos y dejar expuestos a aquellos que hacen un mal uso del dinero de los contribuyentes. Además, el titular de Justicia ha defendido la necesidad de facilitar a los ciudadanos la posibilidad de informar de los casos de corrupción que conozcan, sin que deban tener temor a posibles represalias.

En relación con las medidas legales necesarias para perseguir y castigar los comportamientos relacionados con la corrupción, Catalá ve imprescindible el trabajo internacional conjunto para que los corruptos no puedan refugiarse más allá de frontera alguna. De este modo, España se suma a los esfuerzos de la comunidad internacional encaminados a erradicar la corrupción, considerando que la transparencia es la mejor
arma, sobre todo en lo relacionado con la titularidad real de las sociedades y regímenes fiscales.

En ese sentido, el ministro de Justicia ha manifestado su preocupación por la existencia de territorios cercanos cuyo sistema legal aún permite mantener en secreto identidades y datos tras los cuales pueden ocultarse individuos corruptos, así como criminales y terroristas, causando un daño considerable tanto a España como a toda la comunidad internacional en
su lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Por eso, Catalá ha hecho un llamamiento a los Gobiernos para garantizar la transparencia en sus propios países y en los territorios cuyas relaciones exteriores asumen, para conseguir que ésa sea la norma internacional a seguir.

Sobre las medidas legales a adoptar, el ministro de Justicia ha enumerado algunas de las múltiples reformas legislativas emprendidas por el Gobierno español durante la última legislatura con el objetivo de luchar contra la corrupción en el ámbito público como la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y la Ley reguladora del Ejercicio del Alto Cargo.

Igualmente, Catalá ha recordado que España ha aprobado una normativa de financiación de los partidos políticos en materia de donaciones, fiscalización, contabilidad o contratación que introduce por vez primera su responsabilidad penal en materia fiscal o de Seguridad Social.
Mediante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha establecido una nueva regulación de las reglas de conexidad y nuevos plazos para acortar la instrucción y eliminar la falsa sensación de impunidad, mientras que la reforma del Código Penal busca conseguir
que lo público sea modelo de ejemplaridad, integridad y responsabilidad en la gestión, al contemplar que un cargo público condenado por delito de corrupción no pueda concurrir en las listas electorales mientras dure su condena o que el condenado por delito de administración pública no se beneficie de libertad condicional en tanto no haya restituido el daño económico causado.

Además, dentro de esta lucha contra la corrupción, Rafael Catalá considera necesario que se pueda realizar un seguimiento de los activos robados para que sean restituidos a sus legítimos propietarios y los corruptos reciban un mensaje claro de que no habrá impunidad para sus actos. Siguiendo esta filosofía de devolución de lo robado se ha establecido en España una nueva regulación del decomiso de los instrumentos, bienes, efectos o ganancias de los delitos, ampliando la persecución a todo el patrimonio del condenado. La puesta en marcha de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos servirá para optimizar esos frutos obtenidos del decomiso y asegurar la restitución de las indemnizaciones a las víctimas.

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