El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado la suspensión cautelar de la reducción de jornada de 37,5 horas semanales a 35 de los funcionarios municipales, aprobada por el Ayuntamiento de Madrid el pasado 30 de junio y que fue recurrida por la Abogacía del Estado.
La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido hoy esta suspensión que se alargará hasta que se resuelva el procedimiento, al entender que la medida era contraria a derecho al vulnerar la normativa básica del Estado, según sostiene un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid difundido hoy.
Contra la resolución, que condena al Consistorio a pagar las costas del procedimiento, cabe interponer un recurso de reposición en el plazo de cinco días. La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima así el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, que entendía que los funcionarios municipales debían tener la misma jornada que el resto de administraciones.
El recurso contencioso administrativo, tramitado por Delegación del Gobierno, se fundamentaba en lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local en lo relativo a función pública y del Estatuto Básico del Empleado Público, al entender que los funcionarios municipales tienen que tener la misma jornada el resto de administraciones, fijada en 37,5 horas.
La Delegación de Gobierno recurrió el 30 de septiembre, a través de la Abogacía del Estado, la reducción de la jornada de los funcionarios del Consistorio madrileño argumentando que la Ley de Bases de Régimen Local sobre la racionalización y sostenibilidad de la Administración establece que los funcionarios locales se rigen por las mismas normas que los funcionarios del Estado.
Un argumento que avalad el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que ha tenido acceso Efe, y que fundamenta la suspensión en que mantener la reducción de jornada “consagraría durante un período más o menos dilatado” excepciones “a la relativa uniformidad de la regulación, en materia de función pública” y se consolidarían “situaciones de difícil reversibilidad”.
El Tribunal Constitucional anuló el pasado mes de septiembre la reducción de jornada a 35 horas semanales establecida en Castilla-La Mancha. El auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid afecta al acuerdo del 30 de junio de 2016 de la Junta de Gobierno y dos rectificaciones, del 1 y del 4 de julio, sobre los horarios del Sámur y de los bomberos municipales.
En octubre la alcaldesa Manuela Carmena mantuvo, ante la denuncia de la Delegación del Gobierno, que el Consistorio actúa siempre de acuerdo con la “más estricta legalidad” y señaló la “hiperactividad” de la Delegación, que denunció también el cese de la interventora general y las cláusulas sociales en la contratación municipal.
