Desde el Consejo General de la Abogacía Española se ha trasladado una propuesta de Pacto de Estado por la Justicia al Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, partidos políticos, asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, procuradores, notarios, registradores, graduados sociales, así como sindicatos y consumidores.
Teniendo en cuenta que los abogados son actores imprescindibles en la tutela judicial efectiva de todas las personas, se considera necesario que se aborde de forma definitiva una reforma profunda y duradera como verdadera solución de los problemas de los ciudadanos y de la sociedad.
El documento enviado a todos aquellos que participan en la Administración de Justicia se articula en base a 34 elementos esenciales, bajo el objetivo central de que la Justicia de calidad es una cuestión de Estado.
