La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a una pareja de empleados de una funeraria por idear un plan para matar al dueño de la empresa y a un compañero para hacerse con su dinero, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en un comunicado.
Concretamente, el juez ha sentenciado a Ana Belén E. G. a diez años de prisión por la comisión de dos delitos de proposición de asesinato y a Jesús M. P. a seis años de prisión por la comisión de un delito igual.
Según se establece acreditado en los ‘hechos probados’ de la sentencia, ambos, que mantenían una relación sentimental desde 2008, idearon de común acuerdo un plan para hacerse con artificio criminal con el negocio de una empresa funeraria.
El plan pasaba por eliminar a Mariano L.P., propietario de la empresa funeraria y también hacer desaparecer a José Antonio P.J., una persona que mantenía una tercera relación sentimental simultánea con Ana Belén, que también estaba casada, y quien los ahora condenados temían que pudiera sospechar de ellos.
Por su parte, el acusado también estaba casado precisamente con la hija del jefe al que quería asesinar. Estaba resentido con su suegro porque le minusvaloraba desde hace años y le hizo firmar el régimen de separación de bienes.
No obstante, los amantes se estaban aprovechando de su dinero a través de la hija de éste y esposa del acusado. Pero planearon acabar con su vida para que la hija heredara y poder seguir disfrutando de más dinero y viajes y posteriormente hacerse con el negocio funerario.
Para tal fin, la condenada contactó con una persona que supuestamente tenía contactos de sicarios. Le pidió que matará a Mariano pero también a su compañero José Antonio Pérez, con el que también mantenía una relación sentimental paralela, alegando que le acosaba y que podía sospechar del asesinato del dueño de la funeraria. Le pagaría 4.000 euros por muerte, 3.000 de ellos previos.
De hecho, el acusado sacó esa cantidad de la cuenta de su esposa y se lo dio a su amante, que quedó en un bar de Alcalá de Henares con la persona que supuestamente contrataría a los sicarios. Allí le entregó el dinero y también datos de libranza, fotos y llaves de la casa del suegro.
Sin embargo, pocos días después de la cita, a principios de 2009, esa persona, ahora testigo protegido, contactó con la comisaría de Alcalá de Henares y denunció los hechos. La Policía detuvo poco después a los implicados.
Contra esta resolución judicial cabe interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el plazo de cinco días hábiles desde su completa notificación.
