El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha apelado durante su intervención en los Desayunos informativos de Europa Press, al consenso político y social para llevar a cabo una gran estrategia nacional de Justicia dirigida a la consecución de una Justicia fuerte, solvente y eficaz, que afronte la reforma estructural pendiente como uno de los retos institucionales más decisivos que España debe resolver eneste siglo.
Catalá, que considera que los españoles siempre han hecho lo mejor desde el consenso, aportando como prueba la Constitución de 1978, el ingreso en la Unión Europa en 1985, la firma del Pacto de Toledo en 1995 o el reciente acuerdo político para combatir la gran amenaza de nuestras libertades que es el terrorismo, ha planteado transitar más allá del mero pacto de Estado para conformar una verdadera estrategia dotada de mayor futuro y estabilidad.
El titular de Justicia ha definido esa gran estrategia nacional de Justicia como un proyecto sustentado en tres pilares básicos como son un gran acuerdo político y social inclusivo que cuente con partidos, administración, sociedad civil y profesionales de la Justicia; una actuación integral que abarca todos los problemas e ineficiencias para responder con líneas de acción y soluciones estructurales; y una capacidad de evaluación inmediata mediante un sistema de indicadores que ofrezca garantías sobre su perdurabilidad y solidez.
Tomando como punto de partida el consenso, el diálogo y la participación, el ministro ha identificado tres grandes ejes de actuación prioritarios: el reforzamiento de la Justicia como poder independiente y palanca del crecimiento económico, la dotación con más recursos y procesos para lograr agilidad y calidad y la definición de una Justicia para las personas, la sociedad y los más vulnerables.
Independencia del Poder Judicial
Así, en relación con la necesaria independencia de la Justicia, Catalá ha defendido a los profesionales de nuestro país como uno de los cuerpos profesionales más cualificados, comprometidos e independientes del
mundo y ha resaltado su responsabilidad contrastada en la transcendente función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
El ministro de Justicia ha emplazado a debatir sobre una posible redefinición del Consejo General del Poder Judicial, descartando la posibilidad de prescindir de él. Igualmente, ha rechazado fórmulas de compromiso con programas de Gobierno que impliquen sumisión al Ejecutivo, apuntando la necesidad de regular de algún modo las puertas giratorias entre la Justicia y la política.
Asimismo, Rafael Catalá ha remarcado la incidencia de la mejora de la eficiencia judicial en el crecimiento económico nacional y ha destacado el hecho de que las reformas acometidas en la última legislatura en esa dirección han hecho ganar seguridad jurídica a España, convirtiéndola en un país creíble y fiable que lidera el crecimiento tras un periodo de grave crisis económica.
Indicadores objetivos como los que muestran que la constitución de sociedades alcanzó el ejercicio pasado las mejores cifras desde 2008, con casi 100.000 nuevas empresas, el crecimiento por cuatro años consecutivos de la inversión extranjera y el aumento récord del 4,3% en exportaciones españolas de bienes dan muestra de los buenos resultados y de la necesidad de seguir por un camino que, en caso de abandonarlo, podría afectar al crecimiento y la buena marcha económica, ha señalado el ministro.
Catalá ha destacado también la función crucial de la administración de la Justicia en la estabilidad y la defensa de la unidad de España y la igualdad de todos los españoles en cuanto a sus derechos y libertades, lo
que juega, a su juicio, un papel definitivo en la vertebración territorial. Del mismo modo, ha dicho, es vital en la lucha contra la corrupción, fenómeno contra el que durante la última legislatura se han afrontado medidas importantes, pero ante el que aún se pueden conseguir mayores triunfos desde el consenso. Así, se podría dar cobertura legal a la práctica actual de no indultar a condenados por corrupción y otros delitos de gravedad, reducir aforamientos y regular la actuación de los lobbies o especializar a determinados juzgados en delitos económicos.
