Los abogados reclaman garantizar los derechos fundamentales de los refugiados tras el acuerdo entre UE y Turquía

Los abogados reclaman garantizar los derechos fundamentales de los refugiados tras el acuerdo entre UE y Turquía

Es necesario conocer de manera individual si solicitan asilo, requieren de asistencia letrada o tienen acceso al procedimiento. Según las informaciones publicadas en los medios de comunicación, el lunes 4 de abril ha sido el día señalado para comenzar con las devoluciones hacia Turquía de personas llegadas a Grecia.

Así, desde ese día hasta se ha previsto devolver inmediatamente 750 personas. El propio lunes salieron tres barcos fletados por Frontex con destino a puertos turcos con más de 200 personas (no calificadas como potenciales refugiados, según las fuentes).

Sin embargo, se desconoce si eran solicitantes de asilo, si han podido manifestar cuál era su situación personal, o si han tenido acceso al procedimiento o a un asesoramiento legal.

El “maquillaje” del Acuerdo entre UE y Turquía, en el sentido de estudiar cada solicitud de asilo de manera individualizada y evitar las expulsiones colectivas “garantizando los derechos de cada individuo”, desaparece frente al intento de blindar las fronteras europeas y enviar un mensaje disuasorio al expulsar inmediatamente a quien se atreva a llegar a sus costas.

Las garantías prometidas (estudiar cada solicitud en forma individualizada y evitar las expulsiones colectivas), así como determinar “iuris et de iure” a Turquía como “país seguro” para así devolver ilegalmente a solicitantes de asilo tras denegarlos en forma acelerada, se enfrentan a la realidad de las devoluciones “en caliente” ilegales y sumarias, prevaleciendo la decisión de “blindar“ la frontera europea y disuadir a los que intentan llegar a sus costas huyendo de los horrores de la guerra.

El “premio” a quien no intenta el salto desde Turquía con la “reubicación” o “reasentamiento” muestra, más si cabe, la hipocresía de los gobernantes europeos que no atinan a diferenciar o a ver la forma de combatir la –legítima- lucha contra las mafias que comercian con el tráfico de seres humanos, castigando, una vez más, a las propias víctimas de ese tráfico.

La transformación inmediata de los lugares de registro de “solicitantes de asilo”, los llamados hotspots (Centro de Moria, en Lesbos) en Centros de detención; la detención indiscriminada de menores y personas vulnerables; y la decisión de ACNUR de no colaborar en dicho despropósito, muestran una vez más, la vulneración más absoluta de los Derechos Humanos elementales de personas necesitadas de protección.

Es necesario alzar la voz y exigir el restablecimiento del Estado de Derecho, sin olvidar el cumplimiento de las garantías a todo aquel que solicita protección y, en su caso, velando por un procedimiento justo, con acceso y asistencia letrada para cada uno de ellos.

Si bien aún no han llegado a España muchos de aquellos que utilizan la entrada desde Grecia, no debemos olvidar que desde el sur de la península -desde el Mediterráneo por Melilla o en pateras-, actualmente también ingresan en nuestro país solicitantes de asilo, a los que hay que garantizar el derecho a ser oídos, el respeto al principio de no devolución a países en los que pueda peligrar su integridad física, así como la asistencia legal con posibilidad de acceder a un procedimiento legal y justo.

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