La Audiencia Nacional desestima las demandas de CCOO contra el ERE de Vodafone y Ono

La Audiencia Nacional desestima las demandas de CCOO contra el ERE de Vodafone y Ono

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha desestimado las demandas presentadas por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) contra los ERE de Vodadone y Ono, al considerar que existen causas justificadas para los mismos, y ha declarado los despidos colectivos ajustados a derecho.

La sentencia de la Audiencia Nacional considera acreditado que existen causas económicas, productivas y organizativas que justifican ambos despidos colectivos y que tanto Vodafone España como Vodafone Ono han actuado correctamente en todo el proceso.

En esta línea, la Sala de lo Social subraya el carácter “ejemplar” del acuerdo alcanzado entre las empresas y la mayoría de los sindicatos, y considera que el ERE “se negoció de buena fe, con ofertas y contraofertas efectivas”.

Así, agrega que, aunque no haya podido evitar el despido colectivo, ha promocionado “con éxito el número de extinciones voluntarias y ha introducido un elenco de mejoras respecto a los mínimos legales, que alivian la situación de los despedidos”.

Asimismo, la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional incide en que es “presupuesto” obligado que las empresas recuperen su competitividad, lo que les permitirá recuperar su cuota de mercado y mejorar sus resultados.

Además, añade que su integración definitiva “no sería eficiente” si se mantuvieran las dos organizaciones empresariales, “como si no se fuera a producir la fusión entre ambas, por cuanto reproduciría funciones y lastraría su nuevo despliegue en el mercado”.

CAUSAS ECONÓMICAS

Respecto a las causas económicas que justifican los ERE, la sentencia remarca que se ha acreditado “claramente” que ambas empresas han visto reducidos de manera significativa sus ingresos y sus resultados de explotación y han sufrido pérdidas millonarias.

“Se ha probado sólidamente, a nuestro juicio, la concurrencia de causas económicas y productivas, puesto que ambas mercantiles se encuentran en situación económica negativa, anudada a su manifiesta pérdida de competitividad, que ha provocado un claro retroceso en sus ventas y resultados, activando, consiguientemente, la causa productiva”, justifica.

Por otro lado, considera que la hoja de ruta hacia la fusión de ambas empresas se ha efectuado “de modo transparente con pleno conocimiento de los representantes de los trabajadores, quienes han admitido mayoritariamente la concurrencia de duplicidades e incoherencias organizativas”.

Por ello, coincide con los demandas en que las medidas organizativas, promovidas por las empresas son un requisito para que la fusión de ambas empresas logre sus objetivos, puesto que el proceso de fusión es extremadamente complejo y no se apoya en futuribles, como denuncia CCOO, sino en el examen pormenorizado área por área y función por función, que acredita la ineficiencia de un gran número de puestos de trabajo en la nueva organización.

Asimismo, constata “sin ningún género de dudas” que las empresas diferenciaron de modo preciso la situación de Vodafone y la de Ono, “que nunca se presentaron en un totum revolutum, como pretenden los demandantes, confundidos, tal vez, por el progresivo proceso de integración de ambas mercantiles, que concluirá con su fusión definitiva”.

MÁS DE 1.000 TRABAJADORES AFECTADOS

El pasado 12 de enero se celebró en la Audiencia Nacional un único juicio conjunto ante las dos demandas interpuestas por CCOO contra los ERE de Vodafone y Ono, que afectan a 1.059 trabajadores de ambas empresas y fueron acordados el pasado mes de septiembre con los sindicatos UGT y STC.

Vodafone alcanzó a finales de septiembre un acuerdo con los sindicatos mayoritarios UGT y STC en el marco las negociaciones del ERE, tras reducir en un 18,35% la cifra inicialmente planteada para 1.297 empleados.

En cuanto a las condiciones pactadas para el ERE, las indemnizaciones han sido de 45 días por año trabajado hasta la reforma laboral de febrero de 2012, con 42 mensualidades, y de 33 días por año desde entonces, con 24 mensualidades, lo máximo que fija la ley para un despido improcedente.

La empresa recibió un total de 670 solicitudes de baja voluntaria, lo que suponía un 63% del total de los afectados por este proceso, aunque algunas se rechazaron por necesidades de servicio. Estas salidas se fueron realizando de forma progresiva hasta el 31 de diciembre, tras lo cual se iniciarían los despidos forzosos, según la empresa.

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