En libertad los dos detenidos por el amaño de contratos para la extinción de incendios

En libertad los dos detenidos por el amaño de contratos para la extinción de incendios

El Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto ha dejado hoy en libertad a los dos detenidos por un presunto amaño de contratos públicos relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales.

Se trata de un exalto cargo de la Generalitat Valenciana y de un alto cargo del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Cataluña a los que el juez ha retirado el pasaporte y ha prohibido la salida del territorio nacional.

Los dos fueron arrestados el pasado miércoles en el marco de la operación policial desarrollada por el Grupo 24 de la UDEF por orden del juez instructor, que se saldó con la detención, por decisión policial, de otra veintena de personas, entre ellas, dos altos cargos más de la Generalitat de Cataluña.

Los dos detenidos han llegado hoy al Juzgado de Instrucción 2 de Sagunto a las 11.30 de la mañana en un vehículo de la Policía Nacional. El primero en comparecer ante el juez ha sido el alto cargo de la Generalitat de Cataluña. Tras tomarle declaración, el magistrado acordó su puesta en libertad con la adopción de medidas cautelares que limitan su libertad de movimiento: se le ha retirado el pasaporte y se le prohibe salir del territorio nacional. Mantiene la condición de investigado (imputado) por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y actividad prohibida a funcionario público.

El ex altocargo de la Generalitat Valenciana se ha acogido a su derecho a no declarar. Ha quedado en libertad, con las mismas medidas cautelares que el otro detenido. El Juzgado de Instrucción le investiga por falsedad en documento público, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos.

La operación policial en la que fueron arrestados incluyó la práctica de 20 registros en empresas y viviendas. Además de la Comunidad Valenciana y Cataluña, la operación (detenciones y registros) se desarrolló de forma simultánea en Andalucía, Baleares, Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha.

En esta última comunidad no se practicaron registros porque en las diligencias se investigan contratos de la Administración con empresas de la trama, ninguna de las cuales tiene sede física en dicha región.

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