El juez del “caso Castor” archiva la investigación contra seis consejeros de la empresa concesionaria del almacén subterráneo de gas en Vinaròs

El juez del “caso Castor” archiva la investigación contra seis consejeros de la empresa concesionaria del almacén subterráneo de gas en Vinaròs

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs, que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas de Castellón, ha estimado la petición de las defensas y de la Fiscalía y ha acordado el sobreseimiento libre de la causa respecto de seis investigados, miembros del Consejo de Administración de la mercantil Escal.

En su resolución, notificada hoy a las partes, el magistrado considera que “de las investigaciones efectuadas no se infiere la existencia de participación alguna por parte de los distintos miembros del Consejo de Administración” de Escal, que “tenían un cometido puramente financiero, desconociendo las vicisitudes y desarrollo de las actividades de inyección y de los hechos acontecidos en septiembre de 2013, no habiendo tomado ningún tipo de decisión en relación con la crisis sísmica”.

El instructor mantiene la causa abierta por supuestos delitos de prevaricación administrativa y delito medioambiental contra el presidente del Consejo de Administración de Escal, el consejero delegado y el coordinador y director general de la compañía, sobre cuya responsabilidad no se pronuncia en este auto.

Respecto de estos tres investigados, el auto señala que “en el caso de existir cualquier tipo de responsabilidad por los hechos investigados, asumieron la misma al manifestar que las decisiones eran tomadas por ellos”.

Los hechos investigados se remontan a septiembre de 2013, cuando en la fase final de puesta en funcionamiento de la plataforma Castor se produjo un incremento de la actividad sismológica de la zona, pasando, en cuestión de un mes, incluso de días, de una zona de baja actividad sismológica a ser considerada una zona de alta actividad sismológica.

Fuente: Poder Judicial

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