CanalDenuncias celebra una jornada sobre Medidas eficaces de Compliance y Anticorrupción

CanalDenuncias celebra una jornada sobre Medidas eficaces de Compliance y Anticorrupción

El pasado 5 de julio, CANALDENUNCIAS organizó el mencionado acto, con el fin de realizar una aproximación al funcionamiento de los canales de denuncia y su eficacia como mecanismo de control y anticorrupción en el ámbito del cumplimiento normativo legal.

La inauguración del evento contó con la Subsecretaria de Estado de Justicia, Doña Áurea Roldán Martín, y el Alcalde de Boadilla del Monte, Don Antonio González Terol.

El acto se desarrolló con las brillantes intervenciones de los ponentes D. Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno (Profesor del Departamento de Derecho Penal de la UCM y abogado en OLIVA-AYALA), Dña. Estíbaliz Gállego Longás (Directora de Asesoría Jurídica, Regional Compliance Officer y Secretaria General del GRUPO NUTRECO ESPAÑA), Dña. Ascensión García Ruiz (Profesora Asociada del Departamento de Derecho Penal de la UCM y Responsable del Departamento Jurídico de CANALDENUNCIAS), y D. Javier Galván Ruiz (Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, Jefe de la Sección de la Brigada Central de Inspección e Investigación de la UCSP).

D. Antonio González felicitó al Director General de CANALDENUNCIAS SL por la iniciativa y se congratuló de que sea una empresa “Boadillana” la que ofrezca, a través de su aplicación M2 COMPLIANCE, un canal ético y su gestión externa como eficaz medida de prevención del fraude y anticorrupción, recordando que la corrupción es “el segundo mayor problema para los españoles”.

Señaló que, aunque son las personas las que tienen comportamientos poco éticos, las empresas y administraciones pueden ser responsables de dichos comportamientos por no haber vigilado de manera adecuada si las personas que trabajan en su seno cumplen con la normativa que les afecta.

Destacó la importancia de la herramienta puesta en marcha por CANALDENUNCIAS SL para que las personas jurídicas queden exentas de responsabilidad penal si han adoptado y ejecutado antes de la comisión del delito medidas de vigilancia y control, tras las últimas reformas del Código Penal producidas en 2010 y 2015.

Dña. Áurea Roldán hizo un repaso de las medidas anticorrupción puestas en marcha por el Gobierno para evitar actos corruptos, incidiendo en la necesidad de que existan nuevas posibilidades de acción para avanzar en la lucha contra la corrupción.

Aludió a la Ley de Transparencia, la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la modificación de la LECrim y la Ley de financiación de los partidos políticos y el delito de financiación ilegal, además de la responsabilidad penal que afecta a los partidos políticos en materia fiscal.

D. Íñigo Ortiz de Urbina comenzó su intervención estableciendo las bases de distinción entre un sistema de cumplimiento normativo y un plan de cumplimiento normativo penal, en tanto que el modelo de prevención de delitos al que se refiere el art.31 bis del Código Penal, persigue la prevención de un “numerus clausus” de delitos en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Realizó otra distinción relevante entre ética y cumplimiento, matizando que si bien las dos están íntimamente relacionadas en el ámbito del Compliance, “el derecho da la objetividad de la que carece la ética”, dejando patente que “las normas éticas tienen sanciones éticas y las normas jurídicas sanciones jurídicas”.

A continuación llevó a cabo un breve pero certero recorrido histórico del Compliance a través del Derecho de EEUU, significando la “culpa in eligendo” y “culpa in vigilando” de la persona jurídica en relación con su responsabilidad penal, para finalizar mencionando las ventajas que ofrece un canal de denuncias como mecanismo de control de delitos y como herramienta para que la empresa pueda obtener información de la comisión de un delito ocurrido en su seno y tratarlo de manera correcta, antes de que se conozca en el exterior.

Dña. Estíbaliz Gállego defendió la eficacia de los canales éticos: “el soplo es la primera fuente de información para detectar el fraude en las compañías”, expresando que el Código Penal “ha avanzado mucho más que la cultura empresarial de la sociedad en la que vivimos”.

Al mismo tiempo, recuerda que para que el sistema sea verdaderamente efectivo, se tiene que prestar atención a las garantías del denunciante y a las consecuencias internas que la empresa tiene que afrontar.

Dña. Ascensión García incidió en las ventajas de la externalización de la gestión de los canales de denuncia internos (whistleblowing), que abre paso en España a la interacción con otros sujetos habilitados legalmente (peritos forenses, detectives privados y criminólogos).

Estos profesionales pueden participar tanto en la recepción y tratamiento de las denuncias internas, una vez que los datos personales del denunciante y denunciado se hayan cancelado, conforme a los dispuesto por la LOPD y la interpretación mantenida por la AEPD al respecto, como a la colaboración en los procesos de las investigaciones internas llevadas a cabo por las empresas.

La herramienta de gestión externa de CANALDENUNCIAS presenta una gran accesibilidad, oportunidad y coste reducido, para un segmento empresarial amplio, dirigido a aquellas personas jurídicas que quieran establecer mecanismos para llevar a cabo una política de buen gobierno corporativo, pudiendo además formar parte de un
programa completo de Compliance.

D. Javier Galván cerró el turno de intervenciones ofreciendo una objetiva visión desde la institución que representa. Mencionó los canales que ponen a disposición del ciudadano las FFCC de Seguridad del Estado para la comunicación de posibles delitos, haciendo hincapié en la prevención.

Remarcó la importancia de la colaboración público-privada en materia de seguridad, destacando la sintonía que la Unidad Central de Seguridad Privada mantiene con todos los miembros que pertenecen a ella, en concreto resaltó la figura del Detective Privado y su importante labor como personal legalmente habilitado, para la realización de investigaciones privadas y, por tanto, para su participación en investigaciones internas empresariales, una vez conocida la denuncia a través del canal ético.

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