Alerta sobre la necesaria vigilancia de prácticas contrarias a la libre competencia en la contratación pública

Alerta sobre la necesaria vigilancia de prácticas contrarias a la libre competencia en la contratación pública

El magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Wenceslao Olea Godoy, ha alertado sobre la necesaria vigilancia de contrataciones públicas contrarias a la libre competencia y nulas de pleno derecho durante la mesa redonda sobre Licitaciones públicas y derecho de la competencia celebrada hoy en Cáceres en el marco del Congreso que la firma de abogados Hispajuris ha organizado en esta ciudad a través de su socio en Extremadura, Carmelo Cascón Merino.

El magistrado, en su disertación sobre la Ley de Contratos del Estado, ha puesto como ejemplo de dichas prácticas la resolución de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que consideró nulas las adjudicaciones de servicios de tratamiento de residuos urbanos debido a las prácticas contrarias a la libre competencia que suponía el que las empresas adjudicatarias hubieran pactado su concurrencia en solitario a contratos en diversas ciudades.

Por su parte, el presidente de la Federación de Instaladores Eléctricos de Extremadura, Francisco Paramio Saldaña, ha puesto de relieve la proliferación de contratos de menos de 232.000 euros que no son objeto de concurso abierto sino que se adjudican de forma directa y que se atienen a criterios subjetivos y arbitrarios, “lo que sucede en Extremadura en el 86% de contratos públicos, los cuales se adjudican por esta vía”, ha afirmado.

Paramio, que es también presidente de la Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Cáceres, ha abogado por contrataciones abiertas en libre concurrencia, conforme a criterios económicos y de capacidad técnica de los contratistas con transparencia y sin adjudicaciones a dedo.

La mesa redonda forma parte de los actos del Congreso organizado en Cáceres por Hispajuris, una de las principales firmas de prestación de servicios jurídicos a grandes corporaciones, atendiendo sus asuntos legales en todo el país de forma ágil y coordinada gracias a la gran implantación territorial con la que cuenta en España a través de sus 38 sedes.

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