Un año de subastas electrónicas

Un año de subastas electrónicas

Mediante la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas para la reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y en el Registro Civil, que entró en vigor el pasado 15 de octubre (en adelante, Ley 19/2015), cambió el anterior sistema de subastas, implementándose la subasta judicial electrónica; es por ello que, pasado este primer año, podemos hacer balance de los cambios más significativos y de los inconvenientes prácticos que nos podemos encontrar con este nuevo sistema de celebración de subastas judiciales.

Si acudimos a la Exposición de Motivos de la Ley 19/2015, antes mencionada, vemos que el legislador se refiere al sistema anterior de subastas públicas como un sistema “caracterizado por su configuración presencial, por las diferencias en cuanto al desenvolvimiento, las limitaciones a su publicidad y la gran rigidez de su procedimiento”, siendo su pretensión con el nuevo sistema de subastas electrónicas ”multiplicar la publicidad de los procedimientos, facilitar información casi ilimitada tanto de la subasta como del bien y, lo más importante, pujar casi en cualquier momento y desde cualquier lugar, lo que genera un sistema más eficiente para todos los afectados”. Es decir, se ha pasado de un sistema de subastas presencial, dónde el Juzgado establecía día, hora y lugar de la celebración de la subasta, a un sistema on line y dilatado en el tiempo, de forma que la subasta ya no se celebra en un día y a una hora concreta, sino que dura veinte días naturales.

Sin embargo, si bien el sistema resulta novedoso y ha implicado una cierta modernización de la Administración de Justicia, nos encontramos con algunas modificaciones que, en la práctica, podrían afectar a ciertas garantías procesales, como es el hecho de que en un procedimiento de ejecución hipotecaria donde el ejecutado no está comparecido, el anuncio de la convocatoria de subasta en el Boletín Oficial del Estado (en adelante, BOE), servirá de notificación a dicho ejecutado.

Antes de la reforma del artículo 645 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), el Juzgado debía notificar la subasta a la parte ejecutada, estuviese o no comparecida, con veinte días de antelación a la fecha y hora de la celebración de la misma. Actualmente, el artículo 645.1 de la LEC dispone que “la convocatoria de subasta se anunciará en el Boletín Oficial del Estado, sirviendo el anuncio de notificación al ejecutado no personado (…)”, así, si el ejecutado estuviese personado en el procedimiento, se le deberá notificar la celebración de la subasta, aunque la Ley ya no establece un periodo mínimo.

Esta nueva previsión del legislador implica que, si bien ya se ha intentado la notificación y requerimiento de pago previamente, no será entonces necesario volverlo a intentar con el Decreto de convocatoria de la subasta.

Todo ello parece contradictorio con la doctrina del Tribunal Constitucional, que en su Sentencia de 20 de mayo de 2013 dispuso que “esta misma doctrina la hemos aplicado en el procedimiento de ejecución hipotecaria afirmando que es necesario que el órgano judicial agote los medios que tenga a su alcance para notificar al ejecutado la existencia del proceso en su domicilio real, de modo que, una vez que surjan dudas razonables de que el domicilio señalado en la escritura del préstamo hipotecario y que figura en el Registro sea el domicilio real del ejecutado, le es exigible que intente, en cumplimiento del deber de diligencia que en orden a la realización de los actos de comunicación procesal le impone el artículo 24.1 de la Constitución”, lo que en la práctica se traduce en que inicialmente se deberá notificar la existencia del procedimiento de ejecución hipotecaria al ejecutado en el domicilio pactado por las partes en la escritura de préstamo hipotecario, y si no se hallare en dicho domicilio -y antes de la notificación mediante edictos- deberán agotarse todas las vías para conocer el domicilio actual del ejecutado y notificarle allí el requerimiento de pago, de suerte que si no se llevan a cabo estos trámites, incluso una vez celebrada la subasta, se puede dictar por el Juzgado una nulidad de actuaciones y tener que retrotraer las mismas hasta el momento de la notificación del requerimiento de pago.

En el mismo sentido se pronuncia entre otras, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2015, en la que se declaró vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, y retrotrajo las actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior al requerimiento de pago a la parte demandada, y todo ello, porque resultó negativa la notificación y emplazamiento en el domicilio que constaba en la escritura de préstamo hipotecario y en el Registro de la Propiedad por lo que llevó a cabo la notificación edictal, sin “haber agotado el órgano judicial que conocía del proceso de ejecución hipotecaria los medios de averiguación real de la deudora demandada antes de proceder a la comunicación por edictos (…)”

En definitiva, todas las garantías que se tienen para notificar al ejecutado el requerimiento de pago, parecen haberse eliminado con la notificación del anuncio de la subasta.

No obstante, cierto es que algunos Juzgados, para conjugar lo regulado por el artículo 645.1 de la LEC y la doctrina del Tribunal Constitucional, publican el Decreto de convocatoria de subasta en el BOE e intentan, por lo menos, la notificación personal del citado Decreto al ejecutado.

Otro extremo a tener en cuenta el requisito de la tasa 791 para publicación de la subasta en el BOE. El artículo 648.2 de la LEC dispone que la subasta se abrirá transcurridas al menos 24 horas desde la publicación del anuncio en el BOE, cuando haya sido remitida al Portal de Subastas la información necesaria para el comienzo de la misma. Sin embargo, en la práctica una vez abonada la tasa nos podemos encontrar con que el inicio de la subasta tarde unos días, debiendo estar pendiente en todo caso, de cuándo se ha llevado a cabo dicho pago.

Respecto del acreedor no implica problema alguno, ya que será conocedor de cuándo se ha abonado dicha tasa y, por ende, podrá estar pendiente del inicio de la subasta. Situación distinta es la del ejecutado, quien deberá estar pendiente, a través del Portal de Subastas, de cuándo se inicia la subasta, ya que el Juzgado no comunica ni la fecha del pago de la tasa ni el inicio de la subasta.

Por último, otro aspecto a tener en cuenta, regulado en el artículo 649 de la LEC, es que, como ya hemos indicado previamente, la subasta deja ser presencial y con un día, hora y lugar fijado, y pasa a ser una subasta extendida en el tiempo que dura veinte días naturales. Veinte días que se pueden alargar en el tiempo ya que, si durante la última hora alguien puja, la subasta se prorrogará una hora más y así hasta un máximo de 24 horas.

Inicialmente las subastas finalizaban a las 24 horas del último día, excepto que hubiera pujas, lo que implicaba que debían prorrogarse. Actualmente la finalización es a las 18 horas -cambio de horario aplaudido por varios colectivos, entre ellos el de los Procuradores- con la misma excepción, si existen pujas deberá prorrogarse por horas.

En definitiva, aunque que existen ciertas deficiencias que se deberían y seguramente se solventaran en un futuro próximo, lo cierto es que podemos afirmar que el balance de este primer año de subastas electrónicas ha sido positivo, y que la aplicación de las nuevas tecnologías ha supuesto una mayor agilidad en la celebración de las mismas.

Artículo escrito por Sara Guijarro: Colaboradora en el Departamento de Derecho Procesal Civil y Derecho Civil y Ana Colorado, Asociada del Departamento de Derecho Civil y Procesal en Roca Junyent 

 

 

Escriba un comentario