Sociedades en el limbo

Sociedades en el limbo

La legislación mercantil vigente es taxativa: Una sociedad de capital sólo se puede extinguir cuando en el momento de la liquidación no tenga deudas o cuando, en caso de existir, se consigne el importe adeudado a favor de los acreedores o se garantice su cobro. Sin embargo, este principio admite una excepción: que se haya promovido ante el Juez Mercantil el procedimiento concursal correspondiente de la sociedad por carecer de tesorería suficiente para satisfacer sus deudas y que, como consecuencia del mismo,  el Juez haya decretado la extinción registral de la “sociedad deudora”.

Sin embargo, la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), en su Resolución de 29 de abril de 2011, abrió el portillo a la posible liquidación y extinción registral de una sociedad en la que concurrían las circunstancias siguientes: i) tenía deudas con un solo acreedor, ii) carecía totalmente de tesorería y demás activos realizables para atender las deudas y iii) no había promovido el procedimiento concursal correspondiente por faltar el requisito legal de la pluralidad de acreedores.

Posteriormente, en casos similares, la DGRN, en sus Resoluciones de 2 de julio y de 4 de octubre de 2012, cambió el criterio y exigió, para la inscripción de una escritura de disolución y liquidación de una sociedad de capital, no sólo que el liquidador constate en dicha escritura la falta de bienes para satisfacer el crédito del acreedor, sino que, además, se haya tramitado el procedimiento concursal correspondiente. La DGRN fundamenta esta exigencia en la conveniencia de garantizar al acreedor una posible defensa en un proceso tutelado por el Juez competente, en el que puedan depurarse las responsabilidades inherentes a la insolvencia.

Desde la Resolución última citada del año 2012 hasta el mes de noviembre de 2015 la DGRN no ha vuelto a aceptar la posición inicialmente mantenida por la Resolución del 2011. Si volvemos a replantear esta cuestión es porque no encuentro justificado, para la inscripción registral de la extinción de una sociedad deudora, tener que acudir a un procedimiento concursal que va a ser inadmitido con el consiguiente coste y tiempo que conlleva. ¿No bastaría que el liquidador, sin aportar dicho Auto de inadmisión concursal, haga constar, bajo su responsabilidad, en la escritura de liquidación y extinción, que la sociedad ha puesto a disposición del único acreedor todos los bienes que le queden, aunque sean insuficientes, en pago de sus deudas? El liquidador podría reforzar esta declaración aportando, además, la comunicación enviada fehacientemente al acreedor poniendo a su disposición dichos bienes aunque no cubran la totalidad de su deuda.

Creo que de esta forma se estaría garantizando plenamente la protección de los derechos del acreedor. Recordemos que estos derechos no se ponen en peligro por el hecho de que la sociedad quede extinguida registralmente dado que el acreedor siempre tiene la opción de solicitar la anulación de la cancelación registral y reapertura de la liquidación e incluso iniciar otras acciones legales contra la sociedad en cuestión o, en su caso, contra su liquidador.

No olvidemos que, para la inscripción de la cancelación registral, el liquidador deberá haber declarado, en escritura pública, que no ha habido impugnaciones del balance final de liquidación.

Me temo que, pese a todo, los registradores seguirán inadmitiendo la cancelación registral mientras no se les acredite la existencia del Auto de inadmisión concursal, que muchas sociedades no se van a molestar en conseguir. Pese a todo, seguiré intentando una calificación registral favorable basada en los fundamentos de Derecho de la primera Resolución citada reforzándolos documentalmente en la forma indicada.

Artículo de José Ignacio Olleros. Socio del área de Mercantil de Olleros Abogados