Reforzadas las obligaciones de evaluación de idoneidad por la normativa MiFID II

Reforzadas las obligaciones de evaluación de idoneidad por la normativa MiFID II

La normativa MiFID II, que entrará en vigor en 2018 y dará paso a un nuevo marco normativo sobre mercados e instrumentos financieros, ha reforzado las obligaciones de evaluación de las entidades financieras, respecto de sus clientes.

En primer lugar, debemos señalar que el test de idoneidad se introdujo en la Directiva MIFID con el objetivo de ofrecer una mayor protección al inversor, garantizando que las entidades que proporcionan asesoramiento de inversión y gestión de carteras actúen siempre en el mejor interés de sus clientes. Así las cosas, la evaluación de la idoneidad debe basarse en un análisis del conocimiento y la experiencia del cliente, de su situación financiera y de sus objetivos de inversión. Es por esto, que es necesario para efectuar dicha evaluación, y cumplir con la obligación establecida en la Ley, que las entidades financieras obtengan del cliente toda la información que sea precisa para poder efectuar el servicio de inversión que se esté prestando. Debemos apuntar que la obligación de evaluación ya existía con la normativa PreMifid, concretamente, en el art. 4 del Anexo del RD 629/1993 sobre normas de actuación en los mercados de valores y registros obligatorios. Por lo que, la normativa MiFID estableció únicamente el formato del test de idoneidad y no la obligación de las entidades financieras de recabar información de sus clientes.

En relación con el test de idoneidad, se ha pronunciado en numerosas ocasiones nuestra jurisprudencia, destacamos, entre otras, la STS nº 550/2015 de 13 de octubre, que señala: “Así mismo, respecto del test de idoneidad, el documento fue prerredactado y cumplimentado por el director de la sucursal, quien se lo envió por fax a la empresa demandante simplemente para que lo firmara persona autorizada y se lo devolviera. Por tanto, difícilmente puede sostenerse que el test de idoneidad revelaba la adecuación del perfil del cliente al producto contratado cuando éste ni siquiera intervino en su cumplimentación.” En sede de Audiencias provinciales debemos hacer mención, entre otras, a la SAP Madrid Sección 13ª, nº 46/2017 de 2 de febrero, que establece: “Deber que no se satisface adecuadamente cuando queda reducido a la cumplimentación de un test estereotipado o preestablecido de modo genérico en el que destaca un tecnicismo confuso, al utilizar términos tales como “las características operativas de los derivados”, “variables que intervienen en la evolución de este producto”, sin que se preste en definitiva una información adecuada al nivel de conocimiento y formación en materia financiera del cliente, que permita inferir con la certeza suficiente y racional que aquél comprende el contenido del contrato ofrecido y que las probabilidades de obtener resultados negativos son incluso superiores a la de obtener el beneficio perseguido.”

La normativa MiFID II ha reforzado y especificado las obligaciones de evaluación, que les son exigibles a las entidades financieras, incluyendo las siguientes[1]:

  1. Una referencia explícita a que el uso de sistemas electrónicos no supone una reducción de responsabilidad por parte de las entidades.
  2. Un mayor detalle en las normas de conducta para las entidades que realizan una evaluación periódica de la idoneidad.
  3. La exigencia a las entidades financieras que realizan el test de idoneidad para que evalúen, tomando en cuenta el coste y complejidad, si hay productos equivalentes a los instrumentos financieros seleccionados que puedan dar respuesta a las necesidades de los clientes.
  4. La exigencia de analizar los costes y los beneficios de cambiar una inversión a otra.
  5. La extension del test de idoneidad a los depósitos estructurados.
  6. Exigencia de proporcionar a los clientes un informe de idoneidad de forma previa a la conclusión de la transacción recomendada.
  7. Reforzar el requisito de que las entidades financieras consideran la tolerancia al riesgo del cliente y la capacidad de absorber pérdidas.

Por otro lado, la Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA, por sus siglas en inglés), el pasado 13 de julio de 2017 publicó un documento a consulta sobre las directrices de algunos aspectos de los requisitos exigidos para la evaluación de idoneidad. Esta consulta trata de confirmar y ampliar el alcance y el contenido de las anteriormente citadas, aunque introduce determinadas modificaciones, con los siguientes objetivos[1]:

  1. Tomar en consideración desarrollos tecnológicos como el uso de los robo-asesores (sistemas automatizados o semi-automatizados para la prestación de asesoramiento de inversión o de gestión de carteras).
  2. Dar mayor relevancia a la experiencia supervisora acumulada por parte de las autoridades nacionales competentes sobre los requisitos de la evaluación de idoneidad.
  3. Incorporar algunas ideas sobre estudios recientes en el área de las finanzas conductuales (behavioural finance).
  4. Detallar en mayor profundidad algunos aspectos ya incluidos en la versión inicial de las directrices.Por último, debemos apuntar que MiFID II trata de evitar que las entidades financieras ofrezcan a su clientela, instrumentos financieros complejos, sofisticados y singulares, difíciles de entender, inadecuados a su perfil y objetivos de inversión.

     

    Por Sacristán& Rivas Abogados

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