La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Relación con el Tribunal de Cuentas pedirá este martes al Gobierno que presente una ley para regular de manera pormenorizada los requisitos, régimen económico y procedimientos de las encomiendas de gestión y para limitar la posibilidad de subcontratación.
El PP, el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD han coincidido en recoger esta petición entre sus propuestas de resolución al ‘Informe de fiscalización de las encomiendas de gestión de determinados ministerios, organismos y otras entidades públicas’ del Tribunal de Cuentas.
Y es que el presidente del organismo fiscalizador, Ramón Álvarez de Miranda, alertó ya al presentar dicho documento de que hay una tendencia a recurrir excesivamente a las encomiendas de gestión pese a su carácter excepcional. Además, reclamó una ley para este instrumento de contratación, que a su juicio ha “desbordado el actual marco normativo regulador”, que se ha “revelado insuficiente y excesivamente disperso”.
SISTEMA HOMOGÉNEO
Por ello, los cuatro grupos parlamentarios mencionados proponen al Gobierno que desarrolle una norma con los requisitos y aspectos determinantes del recurso a esta figura, su régimen económico, criterios homogéneos para establecer las tarifas, procedimientos para su tramitación y su adecuado seguimiento y control, incluyendo además “un límite general a la subcontratación”.
Además, los ‘populares’ quieren instar a los organismos fiscalizados por el Tribunal en este informe que “cumplan y hagan cumplir” la legislación vigente en materia de encomiendas de gestión, y pide al departamento de Álvarez de Miranda que desarrolle “fiscalizaciones específicas” sobre el uso de las encomiendas de gestión en las comunidades y los ayuntamientos para ver si también ellas abusan de este instrumento.
En la misma línea, los socialistas quieren que todas las administraciones públicas evalúen sus medios propios para garantizar que cada entidad instrumental cumple con los objetivos para los que fue creada, y que se evite la “reiterativa subcontratación de la parte esencial” de los proyectos mediante el recurso de encomiendas de gestión cuando no son el instrumento más adecuado.
ACREDITAR SUS VENTAJAS
La Izquierda Plural va más allá y quiere que todos los organismos analizados realicen estudios específicos que “acrediten las ventajas” de usar encomiendas de gestión frente a otras formas de gestión, y que se planifiquen las encomiendas en los ministerios y unidades donde se usan de forma más habitual.
Además, propone “corregir los riesgos” que este instrumento presenta en materia de cesión irregular de trabajadores o pérdida de control en la toma de decisiones por su falta de límite, y llega incluso a plantear la posibilidad de modificar el nombre de las encomiendas de gestión para que no se confundan con las administrativas.
Una propuesta que también recoge UPyD, que plantea asimismo la necesidad de hacer una planificación estratégica y una evaluación de las encomiendas en los ministerios más profusos en su uso, de limitar las subcontrataciones y de realizar estudios sobre si los precios son “efectivamente inferiores” a los del mercado.
