Obligaciones subordinadas: la entidad financiera no cumple con la obligación de información si ésta se omite en la oferta o asesoramiento

Obligaciones subordinadas: la entidad financiera no cumple con la obligación de información si ésta se omite en la oferta o asesoramiento

El Tribunal Supremo ha establecido que no se cumple con el deber de información, por parte de la entidad financiera, si ésta se omite en el momento de la oferta o del asesoramiento de las obligaciones subordinadas.

El Tribunal Supremo en Sentencia nº 103/2018 de 1 de febrero se ha pronunciado sobre la nulidad por error vicio en el consentimiento de varios contratos de Obligaciones Subordinadas de Bancaja E.08, contratados por una sociedad y unos particulares. La Sociedad Limitada realizó las siguientes suscripciones, por importe de 188.000 euros, de fechas:  9 de julio de 2002, 11 de diciembre de 2002 y 5 de agosto de 2004. Por su parte, los particulares adquirieron títulos del producto financiero por importe de 30.000 euros. El 22 de mayo de 2013, los clientes aceptaron la oferta de recompra y canje por acciones de Bankia, recuperando la sociedad 150.467,76 y los particulares 24.082,80 euros. La sentencia de primera instancia estimó la demanda interpuesta por los clientes contra Bankia y BFA, declarando la nulidad de los contratos suscritos por error en el consentimiento prestado, y consideró que dicha nulidad comportaba también, dada su vinculación, la nulidad de los contratos de canje de obligaciones subordinadas por las nuevas acciones de Bankia, por lo que condenó a las demandadas al pago, conjunto y solidario, de 188.000 euros a y de los 30.000 euros al Sr. Gines, más los intereses legales. Interpuesto recurso de apelación por las demandadas, la sentencia de la Audiencia estimó dicho recurso y revocó la sentencia de primera instancia con la desestimación de la demanda interpuesta.

En primer lugar, sobre el perfil de inversor experto de los clientes, señala la Sala: “La sentencia recurrida obvia ese patente déficit informativo, conforme a las pautas legales exigibles, con el argumento de que los recurrentes tenían perfil inversor experto, puesto que con anterioridad habían suscrito unos bonos de emisión de Bancaja, un fondo de inversión mobiliaria y diversas acciones de sociedades mercantiles. (…) Es la empresa de servicios de inversión la que tiene obligación de facilitar la información que le impone dicha normativa legal, no sus clientes, inversores no profesionales, quienes deben averiguar las cuestiones relevantes en materia de inversión y formular las correspondientes preguntas. Sin conocimientos expertos en el mercado de valores, el cliente no puede saber qué información concreta ha de demandar al profesional. El cliente debe poder confiar en que la entidad de servicios de inversión que le asesora no está omitiendo información sobre ninguna cuestión relevante. Como hemos afirmado en las sentencias antes reseñadas, la actuación en el mercado de valores exige un conocimiento experto. El hecho de que los clientes hubieran realizado algunas inversiones previas, en productos de naturaleza diferente o no idénticos a los que son objeto de litigio, no los convierte en expertos. La contratación de las obligaciones subordinadas sin que la entidad pruebe que ofreció la información legalmente exigible o que los clientes ya la habían recibido con ocasión de la adquisición de productos semejantes, solo indica la incorrección de la actuación de la entidad financiera, no el carácter experto de los recurrentes.”

Por otra parte, la Sentencia entiende que la entidad financiera no cumple con la obligación de información si ésta se omite en el momento de la oferta y del asesoramiento, señalando, lo siguiente: “No se cumple este requisito cuando tal información se ha omitido en la oferta o asesoramiento al cliente en relación a tal servicio o producto, y en este caso hubo asesoramiento, en tanto que adquirieron las obligaciones subordinadas porque le fueron ofrecidas por empleados de la demandada. Para que exista asesoramiento no es requisito imprescindible la existencia de un contrato remunerado ad hoc para la prestación de tal asesoramiento, ni que estas inversiones se incluyeran en un contrato de gestión de carteras suscrito por los demandantes y la entidad financiera. Basta con que la iniciativa parta de la empresa de inversión y que sea ésta la que ofrezca el producto a sus clientes, recomendándoles su adquisición. En este caso, no bastaba con una simple información verbal ofrecida en el momento mismo de suscripción de las órdenes de compra, sino que era exigible una información previa sobre la naturaleza de los productos adquiridos, sobre las dificultades de reventa, sobre la posposición a efectos de cobro en caso de insolvencia de la entidad emisora y sobre sus riesgos. No es admisible ofrecer un producto complejo y arriesgado a personas sin formación financiera (arquitecto técnico), ni experiencia previa en este tipo de inversiones, sin unas mínimas cautelas sobre su perfil inversor, ni las necesarias advertencias sobre los riesgos asumidos al contratar.”

Sacristán&Rivas Abogados recomienda, a todos aquellos, tanto empresas como particulares, que tengan contratado un producto financiero, como consecuencia de la jurisprudencia reciente sobre los deberes de información que ostentan las entidades financieras, acudir, cuanto antes, a expertos cualificados en la materia, para la realización de un estudio sobre el caso concreto y un  análisis sobre las posibilidades de defensa, si así interesa, estando este Despacho especializado en la materia, y a su disposición a tales efectos.

Sacristán&Rivas Abogados

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