Nuevas obligaciones de transparencia para los asesores en materia de planificación fiscal

Nuevas obligaciones de transparencia para los asesores en materia de planificación fiscal

El Instituto de Innovación Legal celebró el pasado martes 24 de abril de 2018, con el patrocinio de Thomson Reuters y de la Universidad CEU San Pablo, un encuentro informativo sobre la ‘Responsabilidad de los intermediarios fiscales y empresas por las obligaciones derivadas de la DAC 6’ en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del mismo CEU San Pablo.

 Javier Martín Fernández, socio director de F&J Martín Abogados y catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense, fue el encargado de la apertura y moderación del evento que trató las nuevas obligaciones exigibles a los asesores fiscales, que desde el próximo 1 de julio de 2020 deberán comunicar a la Administración tributaria los esquemas transfronterizos que presenten rasgos distintivos de planificación fiscal agresiva. Durante su discurso, destacó que la Unión Europea estaba incorporando legislación de corte anglosajón a la normativa europea, y que aquello suponía fricciones en nuestro derecho continental, pero que a España no le quedaba otro remedio que transponer la norma.

 Roberto Ochoa Torres, subdirector adjunto de fiscalidad internacional de la Dirección General de tributos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, arrojó mucha luz sobre la directiva y aclaró distintos conceptos como el de “mecanismo transfronterizo”, el de “intermediario”, el de “contribuyente pertinente” y el de “empresa asociada”.

 Jesús Rodríguez Márquez, socio director de Práctica Tributaria de F&J Martín Abogados y profesor titular de Derecho Financiero y Tributario insistió en la definición amplia e internacional del “intermediario” y su encaje con las diferencias existentes entre el asesor fiscal y el abogado en España (el segundo sujetándose al secreto profesional, mientras el primero, no).

Por su parte, Ignacio de Felipe, director de asesoría fiscal del Grupo Ferrovial, habló del impacto que tendría en la gran empresa la aplicación de la DAC 6 y la obligación de información. Destacó que, para grupos como el suyo, con operaciones en todo el mundo, el esfuerzo de reporting interno adicional que implican estas declaraciones iba a ser problemático.

Finalmente, Alberto García Valera, director general de tributos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, insistió en que esta norma era muy amplia ya que había logrado ser aprobada por todos los países de la UE, a pesar de que las posturas e intereses de ciertos países miembros están muy contrapuestos, y que lo único que pretendía era fomentar la transparencia y frenar el fraude.

Tanto la transparencia que se les exigirá a todos los profesionales considerados como “intermediarios”, así como la necesidad por parte de la empresa de comunicar a Hacienda sus operaciones sin haber sido requerida previamente, suponen un cambio completo de paradigma para todos los profesionales involucrados en el asesoramiento fiscal y, por ello, se seguirá estudiando y debatiendo el tema durante los próximos meses.

Este encuentro formó parte del programa de debates Innotech del Instituto de Innovación Legal.

 

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