El Consejo General del Poder Judicial y la Agencia Tributaria firmarán en las próximas semanas un convenio de colaboración en materia de formación, investigación y publicaciones para la realización de actividades conjuntas que permitan un mejor posicionamiento para hacer frente los mecanismos de fraude cada vez más complejos y la delincuencia de trasfondo económico.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha anunciado la firma del convenio en el acto de inauguración del curso de formación “Macroprocesos y delitos contra la corrupción” que se desarrollará hasta el próximo miércoles en la sede del Servicio de Formación Continua del órgano de gobierno de los jueces.
La colaboración de la Agencia Tributaria y la Administración de Justicia en la lucha contra el fraude, materializada en actuaciones de auxilio judicial, desarrollo de investigaciones de carácter patrimonial y cesión de información tributaria en los supuestos previstos legalmente, ha puesto de manifiesto una creciente necesidad de formación en estas materias, a la que se pretende dar respuesta con el convenio.
Así, el acuerdo prevé la organización y realización conjunta de seminarios, jornadas y cursos, con la asistencia también conjunta de jueces y magistrados y del personal del grupo A1 adscrito a la Agencia Tributaria; la realización de investigaciones y publicaciones y estancias de estudio por parte de funcionarios de ambas instituciones.
Por otra parte, en el curso sobre “Macroprocesos y delitos contra la corrupción” inaugurado se analizarán las últimas novedades del proceso penal para evaluar la eficacia de la respuesta judicial frente al fenómeno de la corrupción, se abordará la cooperación judicial internacional en la investigación de este tipo de delitos y se debatirán los principales retos de la investigación penal desde la perspectiva del juez de instrucción.
El curso, que está dirigido por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles, Pablo Ruz, será clausurado el próximo miércoles por la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.
