La macrocausa de los cursos de formación de Andalucía ha sido dividida en nueve piezas

La macrocausa de los cursos de formación de Andalucía ha sido dividida en nueve piezas

La jueza del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Sevilla ha acordado dividir en nueve piezas la conocida como ‘macrocausa de cursos de formación’,  las correspondientes a los entramados empresariales vinculados a Ángel Ojeda Avilés, Pérez González y Velázquez Sierra; las referidas a cuatro de los consorcios creados por la Junta de Andalucía con entes locales  -CIOMIJAS, FORMADES, FORMAN y CTI-; la causa que afecta a la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE) y, por último,  la relativa al  Servicio Andaluz de Empleo (S.A.E).

En el auto, después de recordar la petición que realizó Fiscalía el pasado 9 de septiembre solicitando la formación de piezas separadas para la instrucción y enjuiciamiento de esta macrocausa y exponer la jurisprudencia acumulada y consolidada que aconseja la división, la jueza señala lo que indica la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales (en vigor desde el pasado 6 de diciembre) que establece que “la simple analogía o relación entre sí no constituye una causa de conexión y sólo se justifica la acumulación cuando el juez lo considere más conveniente, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso”.

Como se apunta en el auto, “ahora la regla general es el enjuiciamiento separado, cada hecho en su causa, y sólo se acumulará cuando el juez lo considere conveniente y, si ello no supone crear una macrocausa”; en este sentido, la jueza resalta que no se debe olvidar cuál es la voluntad actual del legislador aunque la nueva ley sólo se aplique a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor.

Además, en la argumentación jurídica sobre la conveniencia de dividir en diferentes piezas, la juez pone de manifiesto que las presentes diligencias de esta macrocausa tienen su origen en la investigación llevada a cabo en la causa ‘ERES’, y tras referirse a distintos grupos empresariales y sindicatos que por hechos similares están siendo investigados en diligencias separadas, e incluso en diferentes órganos jurisdiccionales, la jueza razona que la macrocausa actual de los cursos de formación, “es una acumulación no necesaria y cuya separación o desglose no divide continencia alguna, siendo susceptible de investigación y enjuiciamiento separado”.

No obstante, en el auto se indica la excepción de que la investigación sobre el entramado empresarial vinculado a Ángel Ojeda no debe separarse de la investigación realizada a DELPHI,  y a la instrucción  sobre la  actividad desarrollada  por empresas integradas todas  en el Grupo Prescal, que habría recibido con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de DELPHI por parte de la Consejería de Empleo la suma de 33.309.789,16 euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación, a través de las asociaciones controladas por él, denominadas AEA, HUMANITAS, INNOVA, INTECA y NATURA, otorgadas el 10 de agosto de 2009 y 3 de diciembre de 2010 .

En este sentido, la jueza remarca que la investigación realizada hasta el momento “viene poniendo de manifiesto que esta DELPHI actúa junto con el entramado empresarial vinculado al Sr. Ojeda, existiendo indicios de que buena parte de los fondos percibidos para la realización de curso en el entramado de sociedades y asociaciones vinculados al Sr. Ojeda, en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de DELPHI, existiendo además una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del propio grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas  dificultando su seguimiento”.

Sobre la concesión, tramitación y utilización de las subvenciones  que recibieron para cursos de formación los distintos consorcios creados por la Junta de Andalucía con diferentes entes locales -un total de 14 consorcios- y el destino dado a estas subvenciones, en el auto se indica que “hasta ahora solo se han iniciado investigaciones con respecto a cuatro, y sólo con respecto a dos se han realizado actuaciones policiales, CIO MIJAS Y FORMADES. Por ello, la investigación de cada uno de los Consorcios debe realizarse de forma separada y ahora será de: CIO MIJAS, FORMADES, FORMAN Y CTI.  Los atestados relativos a nuevos consorcios que presente la UCO darán lugar a la incoación de una nueva diligencia previa que se incoará para instrucción y enjuiciamiento.

La octava pieza establecida por la jueza es la que investigara a la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (F.A.F.F.E) que ha sido beneficiaria de fondos públicos destinados a la formación. Según se señala en el auto, se investigará  sobre “la concesión, tramitación y destino dado por esta entidad a subvenciones para formación que pudieran ser constitutivos de infracción penal sobre fraude de subvenciones, en su caso, malversación, en el seno de ente público, en la tramitación y gestión de las subvenciones para formación”.

Por último, la novena pieza se refiere a S.A.E., por hechos  que pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación continuado de altos cargos, sobre los que se ha centrado la actividad de investigación en el último año, con la detención de directores provinciales del S.A.E. y jefes de Servicio de Formación Profesional para el Empleo.

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