La Fiscalía pide dos años de cárcel para Neymar por las presuntas irregularidades en su fichaje

La Fiscalía pide dos años de cárcel para Neymar por las presuntas irregularidades en su fichaje

DIS, sociedad del Grupo Sonda que tenía el 40 por ciento de los derechos federativos de Neymar, ha presentado este miércoles en la Audiencia Nacional su definitivo escrito de acusación en el juicio del ‘caso Neymar’, en el que pide cinco años de cárcel para el jugador y ocho para Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, cinco por presunto delito de “corrupción entre particulares”, y tres por “estafa por contrato simulado”.

Además, el grupo inversor ha solicitado la inhabilitación profesional, en virtud de los artículos 251.3 y 286 bis del Código Penal, del brasileño durante el tiempo de su condena. En el caso de que la Justicia respondiera a las peticiones del demandante, Neymar no podría ejercer como futbolista profesional en la Unión Europea.

Por su parte, DIS también pide la inhabilitación durante seis años tanto del ex como del actual presidente del FC Barcelona, fuera sin embargo de la acusación realizada también este miércoles de la Fiscalía, como administradores de empresas.

Y para la familia Neymar también requieren cinco años de prisión, que no puedan ejercer como representantes de futbolistas durante seis años y una multa equivalente al triple beneficio económico obtenido -159 millones de euros. Además, solicita al FC Barcelona una multa de 195 millones de euros, que serán destinados a las arcas públicas del Estado.

DIS pide a la Justicia española que todos ellos sean sancionados por estafa y corrupción. Por un lado que entren en prisión y por otro que sean inhabilitados durante el tiempo de su condena”, resumió en rueda de prensa, celebrada en Madrid, el director general del bufete lus+Aequitas, Eliseo M. Martínez.

Por su parte, el presidente del Grupo Sonda, José Domingo Barral, expresó que “DIS no tiene interés financiero”, sino “de justicia”. “Queremos que los presuntos delitos por corrupción entre particulares y por estafa con contratos simulados sean objeto de análisis de la Justicia española”, recalcó. “Queremos que se llegue a una resolución que garantice que se cumplen los contratos que fueron firmados y acordados en 2009”, añadió.El periodismo necesita inversión. Para compartir esta nota utiliza los íconos que aparecen en la página.

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