La crisis y el gasto público

La crisis y el gasto público

nino cole librosLas comunidades autónomas han tratado de mantener durante la crisis económica, o incluso aumentar, el gasto en servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación o la protección social, aunque no todas han actuado igual para conseguirlo y algunas partidas han sufrido más recortes que otras.

Esta es una de las conclusiones del estudio ‘Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades’ del Ivie y la Fundación BBVA, presentado este lunes en Madrid. Dicho estudio ha sido dirigido por Francisco Pérez, catedrático de Análisis Económico de la Universitad de Valencia y director de Investigación del Ivie, y realizado en colaboración con Vicent Cucarella y Laura Hernández, economistas del Ivie.

Dentro de lo que se suele entender como servicios públicos fundamentales los que se han llevado la peor parte son la sanidad y la educación. Todas las comunidades autónomas, salvo Asturias, han recortado su gasto por habitante en esta materia sanitaria en comparación con 2007. A la cabeza de estos recorte se sitúa La Rioja, Canarias, Cantabria, Extremadura y Castilla-La Mancha.

Algo parecido ha ocurrido con la educación. El gasto en este capítulo ha caído en todas las comunidades autónomas, salvo en Asturias, siendo en Madrid, Castilla-La Mancha, Canarias y Cataluña donde más fuerte ha sido el ajuste.

Frente a estos recortes, las comunidades han aumentado de manera mayoritaria la inversión en protección social, que en el informe incluye los gastos derivados de la jubilación, la enfermedad e incapacidad, la edad avanzada, la protección a la familia, el desempleo, la vivienda o la exclusión social. “El estado de bienestar en España no se ha destruido porque al mismo tiempo que se han producido caídas importantes de recursos, también se ha hecho lo posible por preservarlos”, ha advertido el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, Francisco Pérez, durante la presentación del informe.

RECOMENDACIONES 

A pesar de las serias dificultades de estos años, los servicios públicos fundamentales ofrecen en España niveles de cobertura elevados, señala el estudio, pero se enfrentan a tres tipos de problemas: están sometidos a tensiones derivadas de los ajustes de gasto llevados a cabo por las Administraciones Públicas; presentan importantes problemas en la eficiencia y la equidad de su diseño y ejecución; y se enfrentarán a problemas de sostenibilidad financiera adicionales como consecuencia de las tendencias crecientes a largo plazo del gasto en pensiones y en cuidados de larga duración.

El estudio señala que la mejora de las políticas de servicios públicos fundamentales en España reclama que se aborden cuatro cuestiones de la mayor relevancia:

– La sostenibilidad de estos servicios requiere horizontes financieros de medio y largo plazo, definidos con criterios de prudencia y acompañados de fondos de previsión dotados en los años de bonanza, para asegurar el cumplimiento de los compromisos.

Promover la lealtad institucional para que el conjunto de las Administraciones Públicas compartan la prioridad de estas políticas al dotarlas de los fondos correspondientes, con independencia de las administraciones que las gestionen. Para ello España debe abordar cuanto antes un debate sobre qué nivel de gasto en servicios públicos fundamentales resulta sostenible, teniendo presente que se parte de un alto déficit público y de un endeudamiento público muy elevado.

Revisar las elevadas diferencias territoriales de gasto que cuestionan las políticas de igualdad de oportunidades.

Adecuar los sistemas de financiación autonómica a los compromisos constitucionales de equidad interterritorial.

La publicación se acompaña de una base de datos que ofrece información inédita para el periodo 2002-2013 de la distribución territorial del gasto en servicios públicos fundamentales de la Administración Central, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las Administraciones de la Seguridad Social.

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