El TSJ ordena prisión eludible con fianza de 15.000 euros para la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, por el “caso Gürtel”

El TSJ ordena prisión eludible con fianza de 15.000 euros para la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, por el “caso Gürtel”

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha ordenado prisión eludible con fianza de 15.000 euros para la exconsellera de Turismo y expresidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, condenada el pasado viernes a 9 años de prisión por los delitos de prevaricación administrativa, malversación  y cohecho pasivo.

Se trata de una medida cautelar, a la espera de que el Tribunal Supremo vea los recursos contra la sentencia que consideró probado que amañó contratos para favorecer a las empresas de la trama Gürtel con las adjudicaciones para el montaje del expositor de la Comunidad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.

Martínez deberá comparecer dos veces al mes ante el Tribunal, se le prohíbe salir del territorio nacional y se le retira el pasaporte.

Los magistrados destacan la “participación activa en la importante defraudación de fondos públicos objetos de las actuaciones, así como la manipulación del procedimiento de contratación pública”, pero señalan que “no nos constan que de ello se haya podido derivar un enriquecimiento personal” salvo el reloj con el que fue obsequiada por la trama Gürtel. Respecto a este regalo, la Sala considera que “su valor resulta totalmente desproporcionado con el monto total de lo defraudado, que hace pensar en un cierto agradecimiento de los miembros de la trama, pero no desde luego, que fuera el fin propuesto con su actuación”.

Esto, según recoge el auto, “hace que no concurran las mismas circunstancias que con otros de los condenados, haciendo que se disipe el riesgo de fuga alegado, como igualmente lo hace que no le constan especiales medios de fortuna ni intereses fuera del territorio nacional”.

El Tribunal acuerda la libertad provisional sin fianza del exjefe de gabinete de la exconsellera, Rafael Betoret, condenado a 6 años de prisión por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad, a quien le impone la obligación de comparecer una vez al mes ante el Tribunal, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.

Con estas medidas, entiende la Sala, queda conjurado el riesgo de fuga ya que “es cierto que ha recaído una condena en su contra, mas no se nos ha llegado a exponer suficiente razón de peso que haga temer por su parte en un intento de evasión, más que el genérico temor a la pena”.

Los mismos argumentos utiliza el TSJCV para rechazar el ingreso en prisión provisional del exjefe de mercados de la Agencia Valenciana de Turismo, Isaac Vidal. También queda en libertad provisional sin fianza. Condenado a 7 años de cárcel, los tres magistrados que integran el Tribunal le imponen  la obligación de comparecer una vez al mes, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.

En las “vistillas” sobre medidas cautelares, celebradas hoy, las acusaciones han solicitado la prisión provisional comunicada sin fianza para estos Martínez, Betoret y Vidal. Sin embargo, el Tribunal considera que no concurre riesgo de fuga y opta por imponer otras medidas cautelares que garantizan que los condenados están a disposición del Tribunal y les permite seguir en libertad hasta que el Supremo resuelva los eventuales recursos contra la sentencia del TSJCV.

Además de las comparencias de Martínez, Betoret y Vidal, el TSJ  ha celebrado las  “vistillas” para decidir sobre la situación personal de los técnicos de la Conselleria de Turismo de la Generalitat Valenciana, Jorge Guarro y Ana María Grau.

Respecto de Jorge Guarro, condenado a 4 años de cárcel, y Ana Grau, condenada a tres años, la Sala, de conformidad con la petición de la Fiscalía, ha acordado la libertad provisional, con la obligación de comparecer ante el Tribunal una vez al mes, prohibición de salir del territorio nacional y retirada del pasaporte.

Prisión para los “cabecillas” de Gürtel

El TSJ acordó ayer el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, para Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, considerados los cabecillas de la trama Gürtel, sin esperar a que la sentencia, que les impone penas de 12 y 13 años de cárcel por asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación, cohecho y falsedad, sea firme.

La Sala entendió que existía riesgo de que Correa (condenado a 13 años de cárcel), su número dos, Pablo Crespo (condenado a 13 años y 3 meses de cárcel), y el responsable de la organización en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez (condenado a 12 años y 3 meses de prisión) se fugaran y se sustrajeran a la acción de la Justicia si se les permitía esperar en libertad el pronunciamiento del Supremo.

De conformidad con el criterio de las acusaciones, los tres magistrados tuvieron en consideración la gravedad de la pena impuesta y los otros procedimientos penales en los que están incursos los tres condenados.

Correa, Crespo y Pérez comparecieron individualmente ante la Sala de lo Civil y Penal en la “vistilla” prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decidir sobre la situación personal de los condenados.

La Sala además impuso ayer medidas cautelares a los otros tres miembros de la trama Gürtel condenados. Rechazó la petición de la fiscalía para que Isabel Jordán, condenada a 6 años de prisión, ingresara en prisión de manera inmediata. Los Magistrados no apreciaron riesgo de fuga, por lo que acordaron su libertad provisional sin fianza, con la obligación de comparecer cada quince días ante el Tribunal. Además se le prohíbe salir del territorio nacional y se le retira el pasaporte.

Para Cándido Herrero, condenado a cuatro años y cuatro meses de cárcel, el Ministerio Público pidió prisión eludible con fianza de 50.000 euros. Sin embargo la Sala consideró suficiente la adopción de otras medidas, y dictó libertad provisional sin fianza, con la obligación de comparecer una vez al mes ante el Tribunal. Además se le prohíbe salir del territorio nacional y se le retira el pasaporte. El Tribunal acordó las mismas medidas cautelares para Mónica Magariños, condenada a tres años de cárcel, para quien la fiscalía no pidió prisión.

Penas de más de 13 años

La sentencia hecha pública el viernes pasado, condena a la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, a los considerados “cabecillas” de la trama Gürtel, Francisco Correa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo, a varios exaltos cargos y técnicos de la Administración Autonómica y a trabajadores de las empresas de Correa por asociación ilícita, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.

La Sala ha absuelto a la exconsellera de Turismo Angélica Such y a Juan Bover, exjefe de servicio de infraestructuras turísticas de la Conselleria, de prevaricación administrativa, único delito por el que estaban acusados.

En la sentencia, el Tribunal, considera probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener distintos contratos de la Generalitat Valenciana en diversas ferias de turismo (fundamentalmente en las edificios de FITUR entre 2005 y 2009) tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos.

El grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios.

Las mercantiles de Correa carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, motivo por el que los subcontrataban con terceros. De esta forma obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes.

Tales importes eran admitidos por la Administración Autonómica (Agencia Valenciana de Turismo, Conselleria de Turismo, Conselleria de Territorio y vivienda y Conselleria de Infraestructuras y Transporte), que no solo no llevó un control efectivo de los pagos sino que alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del Grupo Correa.

Estas mercantiles, según recoge la sentencia de 558 páginas, cuyo ponente ha sido el magistrado Juan Climent, tenían información privilegiada: conocían por anticipado las condiciones de los contratos públicos, contratos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.

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