El Tribunal Supremo rechaza un recurso de RTVE para no informar de los gastos en Eurovisión por perjuicio comercial

El Tribunal Supremo rechaza un recurso de RTVE para no informar de los gastos en Eurovisión por perjuicio comercial

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por la Corporación RTVE contra las sentencias de la Audiencia Nacional que confirmaron la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de 24 de septiembre de 2015, que instó a dicha Corporación a proporcionar a un ciudadano la información sobre todos los gastos derivados de la participación de España en el concurso Eurovisión 2015, incluyendo las partidas correspondientes a viajes, alojamientos, dietas, vestuario, gastos de delegaciones y acompañantes.

El particular presentó una reclamación contra la desestimación presunta por silencio de su petición de información a RTVE ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, quien dio traslado para alegaciones a la Corporación. Ésta dujo que la petición de información concernida estaba incursa en la causa de inadmisibilidad prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por tratarse de una información que requería una acción previa de reelaboración; y alegó también que la información solicitada no podía ser proporcionada por aplicación del artículo 14.1.h/ de la misma Ley, que limita el acceso a la información cuando el acceso a la misma suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales.

En su sentencia, el Supremo destaca que RTVE no ha justificado que el suministro de la información solicitada exigiese una labor previa de reelaboración específica o un tratamiento previo de la información, más allá de constatar las distintas partidas en que se contengan los datos de los gastos efectuados para participar en el festival de Eurovisión 2015, y en su caso la mera suma de las mismas.

En todo caso, la parte recurrente no ha aportado prueba o justificación alguna de que resultase necesario ese tratamiento previo o reelaboración de la información, añade el alto tribunal.
En cuanto a la limitación del acceso a la información que suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales, el Supremo subraya que esas limitaciones “deben ser interpretadas de forma estricta y partiendo de la premisa de que el derecho de acceso a la información aparece configurado en nuestro ordenamiento con una formulación amplia, de manera que sólo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas”.

Por tanto, añaden los magistrados, “la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración –o, en este caso, de la Corporación RTVE-, pues hemos visto que aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley”. Y, según la sentencia, “lo cierto es que en el caso que nos ocupa no ha quedado justificado que el acceso a la información solicitada pudiese suponer perjuicio para los intereses económicos y comerciales”.

No se cuestiona por el Supremo que la Corporación RTVE sea un operador que concurre en un mercado competitivo como es el audiovisual; “pero, aceptando ese dato, no ha quedado justificado que facilitar información sobre los gastos efectuados para participar en el festival de Eurovisión 2015 pueda acarrear un perjuicio para los intereses económicos y comerciales, teniendo en cuenta que no se pide información sensible sobre el funcionamiento interno de la Corporación, ni sobre su sistema de producción de programas o estructura de costes; y la solicitud ni siquiera se refiere a un programa de producción propia. En definitiva, no se alcanza a comprender, ni se ha intentado justificar por la recurrente, en qué forma la facilitación de esa información puede perjudicar los intereses comerciales de RTVE o favorecer a sus competidores en el mercado audiovisual”. Siendo esto así, no cabe aceptar una limitación que supondría “un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información”.

Los recursos de RTVE contra la decisión del Consejo de Transparencia fueron rechazados sucesivamente por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 6, por la Sala de lo Contencioso de la Audiencia, y ahora por el Supremo. La resolución del Consejo ratificada daba un plazo de 15 días a RTVE para facilitar la información al ciudadano solicitante, con copia al propio Consejo.

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