El Tribunal de Cuentas advierte sobre el control del cobro por desempleo

El Tribunal de Cuentas advierte sobre el control del cobro por desempleo

El Tribunal de Cuentas aprecia falta de control del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sobre las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas, como demuestra el hecho de que este departamento haya aportado hasta tres cifras diferentes de deudores y deuda pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2013.

Así se recoge en el ‘Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas’ que ha aprobado la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda y que recoge Europa Press.

Según dicho documento, los Servicios Centrales del SEPE cifran en 324.814 los deudores y 582,3 millones de euros la deuda por cobros indebidos de prestaciones, mientras que las direcciones provinciales reducen la cifra a 320.396 deudores y 562,9 millones de euros.

Sin embargo, en un inventario realizado por el organismo a petición del Tribunal durante el proceso de fiscalización, el número de deudores detectados se elevó hasta los 418.272 y la deuda total, hasta los 769,1 millones de euros, a fecha de 31 de diciembre de 2013.

CONTRADICCIONES E INCOHERENCIAS

Estas “contradicciones” en los datos son consecuencia de informaciones repletas de “incoherencias, inconsistencias y errores”, que provocan un “control deficiente” por parte del SEPE, lo que “no permite una adecuada gestión de los cobros indebidos”.

Entre otras incidencias, el organismo fiscalizador señala que hasta 35.025 deudores constaban con informaciones diferentes según la base de datos consultada, que hay errores de registro o transcripción que conducen a “importes carentes de sentido”, y que el 10% de la deuda contabilizada en el inventario (81,6 millones de euros) es anterior a 2010 y, por tanto, está “presumiblemente prescrita”.

Además, 1,22 millones de los 47,21 millones que el los Servicios Centrales del Servicio Público de Empleo incluyen en el inventario como deuda derivada de la responsabilidad empresarial han sido dados de baja por las direcciones provinciales por considerarlos “créditos incobrables”.

Igualmente, los datos sobre número de beneficiarios, saldo vivo de deuda e importe de cobros indebidos generados en 2013 son diferentes a los que proporcionan las direcciones provinciales, por lo que el Tribunal concluye que “la información proporcionada por las bases de datos que soportan el inventario no refleja la situación real de la deuda viva a 31 de diciembre de 2013”.

¿POR QUÉ SE PRODUCEN ESTAS INCOHERENCIAS?

A juicio del Tribunal de Cuentas, esta situación se produce por dos fenómenos. Por una parte, porque el SEPE no colabora con otras instituciones que podrían aportarle información crucial en este tema como la Tesorería General de la Seguridad Social, que cuenta con el fichero de inscripción de empresas con el que se podrían actualizar las compañías que se dan de baja o que son insolventes; con el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), o con el Registro Civil, que permitiría detectar el pago a fallecidos.

Tampoco se trabaja de forma coordinada con los servicios de empleo autonómicos para que avisen sobre la existencia de ofertas de trabajo rechazadas, abandonos de itinerarios formativos o cualquier otro requisito necesario para cobrar el paro; ni se han suscrito convenios con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para comunicar sentencias favorables a los trabajadores en casos de despido individual o colectivo.

Todo esto “dificulta que el SEPE detecte posibles cobros indebidos”, advierte el organismo fiscalizador, que apunta por otra parte a la inoperancia de las aplicaciones informáticas utilizadas para gestionar y controlar los cobros indebidos por su “falta de integración”, lo que conlleva “errores, datos duplicados y riesgos e ineficiencias”.

Por eso, se recomienda al Ministerio de Empleo que cree enlaces entre las aplicaciones informáticas de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social u organismos adscritos para mejorar la comunicación entre ellas, y sugiere al SEPE que integre toda la información en una única base de datos que pueda explotarse con una nueva herramienta informática.

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