El T.S. condena a Caixabank como sucesora de Bankpime a la devolución de 2 millones por la incorrecta comercialización de preferentes

El T.S. condena a Caixabank como sucesora de Bankpime a la devolución de 2 millones por la incorrecta comercialización de preferentes

La Sala ha condenado a CaixaBank, como sucesor del negocio financiero de Bankpime, por no informar del riesgo de las participaciones preferentes.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, a través de Auto de fecha 13 de septiembre de 2017, recurso nº 1571/2015, ha desestimado los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación por interés casacional interpuestos por CaixaBank, por carencia manifiesta de fundamento, porque la aplicación de la jurisprudencia invocada por la entidad financiera solo puede llevar a una modificación del fallo de la Sentencia recurrida, mediante la alteración de la base fáctica de la sentencia. En primera instancia se dictó sentencia estimando totalmente la demanda, interponiéndose recurso de apelación por parte del banco, alegando indebida acumulación subjetiva de acciones, falta de motivación de la sentencia, incongruencia, y haber cumplido las obligaciones que le eran exigibles respecto de sus clientes. La Sentencia de apelación señala que no existió indebida acumulación subjetiva de acciones, ni falta de motivación para la sentencia, ni incongruencia, detallándose la pérdida de las inversiones de los clientes, que tienen la consideración de consumidores o usuarios, sí que fue imputable a una falta de diligencia y ausencia de información a la entidad financiera, desestimándose el recurso.

En relación con el supuesto interés casacional y la coherencia de la sentencia de la Audiencia Provincial, el Auto señala lo siguiente: “En el presente supuesto el interés casacional representado por dicha contracción con la jurisprudencia invocada no se refiere al modo en que fue resulta la cuestión en función de los elementos fácticos, así como de  las valoraciones jurídicas realizadas en la Sentencia a partir de tales elementos, sino que se proyecta hacia un supuesto distinto al contemplado en ella, desentendiéndose del resultado del hecho y de las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos, de suerte que no estamos sino ante un interés casacional artificioso y, por ende, inexistente, incapaz de realizar la función de unificación jurisprudencia propia del recurso desde el momento en que responde a una situación distinta de la apreciada por la resolución recurrida. En cualquier caso, y a modo de conclusión, ha de señalarse que la sentencia es plenamente coherente con la última doctrina de esta Sala relativa a la contratación de productos financieros bancarios complejos (SSTS del Pleno de esta Sala de 17 de abril de 2013, RCIP 1826/2010, de 17 de diciembre de 2013, RC 879/2012, 18 de abril de 2013, RCIP 1979/2011 y de 12 de enero de 2015, RCIP 2290/2012, entre otras) que vienen exigiendo un elevado estándar de diligencia a las entidades bancarias, máxime cuando los clientes, como ocurre en el presente caso, tienen la consideración de minoristas y no consta que tuvieran una específica formación financiera ni una especial experiencia inversora.”

La Sentencia termina con el debate sobre la acumulación de acciones confirmando la idoneidad de la misma, en los casos de incorrecta comercialización de productos financieros complejos. Este criterio ya fue fijado por la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en el recurso de apelación 414/2015, en un recurso interpuesto por Sacristán&Rivas Abogados. La Audiencia, explica que los demandantes ejercitan acción de anulabilidad y acciones de incumplimiento contractual frente a la demandada, que derivan de una serie de contratos firmados por cada uno de ellos, y dirigidas contra una única demandada, con el fin de que todas las acciones acumuladas se conozcan en un único procedimiento. El título no es el mismo, puesto que, cada uno de los demandantes suscribió las acciones mediante contratos diferentes. Señala,  que en cuanto a la causa de pedir se refiere, su pronunciamiento discrepa con  el de la Juzgadora de Primera Instancia, argumentando que existe una razón jurídica común, puesto que comparten algunos hechos, como es la información no ajustada a la realidad facilitada por la demandada, destacando además que “En definitiva, el  negocio de suscripción por parte de todos los actores responde a la misma estructura jurídico-fáctica y los hechos en que se fundamentan las diversas pretensiones acumuladas no son en lo esencial diferentes, sino por el contrario sustancialmente iguales por lo que consideramos concurre el nexo común a todas las acciones que justifica y determina la procedencia de la acumulación”

Articulo de Sacristan&Rivas Abogados

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