El Supremo confirma la multa de 15 millones de euros impuesta a Iberdrola

El Supremo confirma la multa de 15 millones de euros impuesta a Iberdrola

iberdrola_logoLa Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 15 millones de euros que la Comisión Nacional de la Competencia impuso a Iberdrola Distribución el 2 de abril de 2009 por prácticas prohibidas contra la competencia, por trato discriminatorio a competidores y negar el acceso al Sistema de Información de Puntos de Suministro.

Este SIPS funciona como centro de información para que las empresas puedan realizar cambios de suministrador entre los clientes, y el manejo de los datos por parte de las distribuidoras se convirtió en una de las actividades a las que la CNC prestó mayor atención para evitar limitaciones a la libre competencia.

La sanción a Iberdrola fue fruto de una denuncia de la comercializadora británica Centrica, que acabó vendiendo su negocio en España y que en ese momento acusó a las distribuidoras de impedir un acceso “masivo en incondicionado” al SIPS.

El Supremo se ratifica en que aquella práctica de Iberdrola supuso una conducta prohibida por los artículos 6 de la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia, y 82 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Su sentencia es fruto de un recurso de casación de Iberdrola a una resolución anterior de la Audiencia Nacional de 2012 sobre el mismo asunto.

   Frente a la posición de la CNC, que consideró que la actuación de Iberdrola fue “abusiva” al impedir el acceso a una información “necesaria” para el cambio de suministrador, la empresa había esgrimido varias argumentos, entre ellos el referido a la obligación de mantener la confidencialidad de los datos de los clientes.

   Iberdrola, que también había denunciado la desproporcionalidad de la sanción, entiende que su obligación de confidencialidad era superior a su obligación de dar acceso al SIPS a las comercializadoras.

   Para el Supremo, este argumento ratifica que la conducta tuvo lugar, aunque estuviera justificada a juicio de la empresa en la necesidad de priorizar la confidencialidad sobre la libre competencia. “Es evidente a juicio de esta Sala que no era esta la finalidad de la conducta de la actora”, afirma el tribunal.

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