El presupuesto de Justicia para 2016 apuesta por la modernización tecnológica y la asistencia a las víctimas

El presupuesto de Justicia para 2016 apuesta por la modernización tecnológica y la asistencia a las víctimas

En el marco de este presupuesto, ha destacado la apuesta del Gobierno en configurar un servicio de Justicia plenamente adaptado a la sociedad del Siglo XXI mediante el desarrollo e implantación de las recientes reformas legales, la inversión en infraestructuras y modernización tecnológica de la Justicia, y el apoyo a las víctimas del delito.

Sánchez-Cortés ha destacado que la dotación presupuestaria para la implementación del plan de modernización tecnológica de la Justicia alcanza los 64,62 millones de euros, lo que permitirá poner en funcionamiento medidas tales como el sistema de comunicaciones electrónicas con la Justicia para los profesionales a partir del próximo 1 de enero, la remisión de avisos SMS sobre actos procesales o la puesta en funcionamiento de la Sede Judicial Electrónica. Igualmente, esta inversión permitirá implantar la remisión electrónica de la información desde los juzgados a la Dirección General de Tráfico o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la tramitación de nacimientos y defunciones en el Registro Civil desde los hospitales, entre otras. Con todas estas medidas, el Ministerio prevé agilizar los procesos judiciales, y apuesta por el componente tecnológico de la Administración de Justicia para conseguir la prestación de un servicio más ágil y cercano al ciudadano.

Por su parte, el presupuesto para 2016 prevé una inversión de casi 20 millones de euros para la ejecución del plan de infraestructuras y equipamientos al servicio de la Justicia, un 4% más que en el ejercicio de 2015, lo que permitirá llevar a cabo las obras de construcción de nuevos edificios judiciales y la rehabilitación y mejora de los existentes.

Apoyo a las víctimas del delito y colaboración con las Comunidades Autónomas

En el marco de la fuerte apuesta social que realizan los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, la secretaria de Estado ha destacado que uno de los principales objetivos del Ministerio es la mejora de los servicios a colectivos necesitados de especial atención, con una apuesta por las víctimas, por los equipos psicosociales y la asistencia jurídica gratuita. Estos presupuestos contemplan una dotación de 36,7 millones de euros para la asistencia jurídica gratuita prestada por abogados y procuradores, así como un incremento del 54,6% en la aportación al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos destinada a la asistencia psicológica a las víctimas y a la realización de pericias psicológicas en procesos judiciales.

Por otro lado, el presupuesto para 2016 incluye una dotación de 6 millones de euros para la firma de convenios de colaboración con las doce Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo acordado en la Conferencia Sectorial. El propósito perseguido por esta dotación es triple: mejorar la asistencia jurídica gratuita para incrementar las garantías de los derechos de los ciudadanos inmersos en procesos judiciales; impulsar las nuevas tecnologías en el ámbito de los Juzgados y Tribunales para alcanzar una justicia ágil, accesible y de calidad, basada en un modelo digital, abierto, innovador e integrado; y dotar de los medios materiales necesarios para el mantenimiento de la organización judicial y la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal.

Implantación de las reformas legales y lucha contra la corrupción

Para la implantación y desarrollo de las reformas legislativas y estructurales de la Administración de Justicia aprobadas a lo largo de esta legislatura, los presupuestos de 2016 permitirán agilizar los tiempos de respuesta de los tribunales, lograr un reparto más homogéneo de las cargas de trabajo, una mayor especialización de los órganos judiciales y la eliminación de resoluciones contradictorias mediante la adopción de criterios comunes.

En este mismo sentido, el compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción se materializa en este presupuesto con la dotación asignada a jueces y fiscales y con la autorización automática de las peticiones de refuerzo de juzgados y tribunales que sean propuestos por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado o la Audiencia Nacional, tal y como ha venido realizándose en el último ejercicio.

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