El juez acuerda la apertura de juicio oral a 15 acusados por el caso ‘Nueva Rumasa’

El juez acuerda la apertura de juicio oral a 15 acusados por el caso ‘Nueva Rumasa’

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y contra la hacienda pública contra seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, Ángel de Cabo y otras ocho personas por el denominada “caso Nueva Rumasa”. Además señala a 57 empresas como responsables civiles subsidiarias y a nueve personas en calidad de partícipes a título lucrativo.

El magistrado impone una fianza a los seis hijos de Ruiz Mateos, -Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso- de más de 496 millones de euros, de los cuales 200 millones corresponden a la multa y 171 a la responsabilidad civil, más el tercio que establece la ley (124 millones), fianza a la que deberán hacer frente de forma conjunta y solidaria.

En el auto, el juez describe todas las prácticas irregulares ideadas por los acusados, responsables de un Grupo empresarial, Nueva Rumasa, que en 2008 ya atravesaba una difícil situación económica y que se agravó en 2009. El magistrado detalla la forma en que simulaban movimientos de efectivo, que en realidad eran traspasos entre cuentas del Grupo. Cómo realizaban “operaciones fuelle” con sociedades pantalla, para generar créditos ficticios como forma de obtener liquidez a corto plazo. También el juez relata la forma en que usaban testaferros, en sociedades formalmente ajenas, unas prácticas que agravaron la situación económica de las empresas del Grupo, cuyas deudas acumuladas en 2009 alcanzaban los 577 millones de euros.

Ante esta situación de insolvencia y la imposibilidad de recurrir a mayor financiación bancaria, señala de la Mata, los responsables del Nueva Rumasa urdieron una trama consistente en la captación de inversores. La investigación ha acreditado que entre 2009 y 2011 los fondos captados a los inversores, que constituyeron la única financiación del Grupo, “no se destinaban ni a los que se publicitaba ni a la propia sociedad emisora, sino que servían para atender deudas de otras sociedades del grupo o para adquirir otras sociedades de renombre para seguir consolidando el engaño de la garantía generalizada”.

El magistrado relata también la operativa de ocultación del patrimonio que los acusados desarrollaron a partir de 2011, ante las numerosas obligaciones de pago que tenían que afrontar, así como las declaraciones de concurso voluntario de las principales empresas del Grupo.

En esta investigación presentaron denuncia 1.409 perjudicados por el Grupo Nueva Rumasa, que reclaman 171 millones de euros. A la vista de las eventuales multas y responsabilidades civiles que pudieran imponerse a cada acusado, el juez fija en 496 millones de euros las cantidades a depositar por los acusados principales, los 6 hijos de José María Ruiz Mateos, e individualiza las cantidades que tienen que entregar cada uno de ellos. El juez señala a 57 empresas del Grupo como responsables civiles subsidiarias y 9 partícipes lucrativos, entre ellos, Joaquín Yvancos, el que fuera el abogado de José María Ruiz-Mateos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 acuerda la apertura de juicio oral por los delitos de estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. En la resolución, el juez detalla los delitos concretos de los que está acusado cada uno de los investigados.

En cuanto al delito de estafa, señala De la Mata que los investigados actuaron con manifiesto ánimo de lucro y, como únicos beneficiarios, utilizaron engaño bastante para producir error a los inversores, induciéndoles a invertir sus ahorros mediante préstamos que eran documentados en reconocimientos de deuda de distintas empresas del Grupo Rumasa pese a su manifiesta insolvencia.

En este caso el engaño se produjo, explica, al realizarse la transmisión patrimonial bajo el engaño de una aparente solvencia, unos intereses remuneratorios altos, una campaña publicitaria “manifiestamente engañosa” y un compromiso de invertir los capitales obtenidos en la consolidación y ampliación del Grupo.

“Obvio es significar que, de haber conocido las circunstancias económicas reales de las empresas y los verdaderos propósitos de los imputados, los inversores no hubieran realizado las operaciones de préstamo, ya que desde el primer momento no pensaban devolver el dinero”, apostilla.

En relación con el delito de alzamiento de bienes, afirma que los imputados idearon y pusieron en práctica diversas estrategias para salvaguardar su patrimonio a la vista del cúmulo de responsabilidades penales y patrimoniales que podrían derivarse de las irregulares prácticas descritas, fundamentalmente la absoluta imposibilidad de devolver las cantidades millonarias captadas de los inversores, y ante la consecuente inminencia de embargos judiciales y de las acciones que eventualmente pudieran ejercer los miles de perjudicados.

La clave de este proceso desde la perspectiva del tipo penal que se analiza, dice el auto, es que estas ventas supusieron la transmisión de sus patrimonios sociales ‒fincas, hoteles, participaciones sociales‒, bienes que los miembros de la familia Ruiz-Mateos pretendían recuperar secretamente a través de Ángel de Cabo y otros acusados, algo “solo podrían conseguir sin pagar previamente a todos sus acreedores, entre los que se encontraban los tenedores de pagarés a quienes siempre se les había garantizado públicamente su inversión con el patrimonio de todo el Grupo Nueva Rumasa”.

La apertura de juicio oral también se acuerda por el delito de blanqueo de capitales. Según De la Mata, “en realidad, toda la operativa desplegada por los imputados (..) tuvo desde su comienzo la finalidad de ocultar los capitales captados desde el mismo momento de su obtención, con la finalidad de hacerlos desaparecer para aprovecharse de los mismos” mediante la creación de una trama de sociedades mercantiles extranjeras, ubicadas en paraísos fiscales o países de baja tributación, el uso de testaferros o el desarrollo de una serie de prácticas financieras “por completo irregulares, sin más finalidad que la creación de capas de opacidad”.

Por último, el magistrado analiza el delito contra la hacienda pública, que únicamente se atribuye a José Ramón Romero López, y señala que durante el tiempo que estuvo al frente de la oficina del Grupo Nueva Rumasa en Jerez de la Frontera, obtuvo ingresos que no declaró.

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