El CGPJ reúne los principales indicadores de la actividad judicial contra la corrupción

El CGPJ reúne los principales indicadores de la actividad judicial contra la corrupción

El Consejo General del Poder Judicial ha presentado el repositorio de datos sobre procedimientos judiciales por corrupción, que será de acceso público y permitirá a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizarán trimestralmente.

El repositorio puede consultarse desde hoy en el Portal de Transparencia del Consejo General del Poder Judicial.

La creación de esta base de datos estaba prevista en el convenio que el órgano de gobierno de los jueces firmó con Transparencia Internacional España el 2 de julio de 2014. El trabajo posterior que ha hecho posible su puesta en marcha ha sido desarrollado por el Grupo de Transparencia creado en el seno del CGPJ.

El repositorio arranca con la información de los cinco trimestres comprendidos entre el 1 de julio de 2015 –fecha en la que entró en vigor la adenda a los boletines estadísticos que cumplimentan los letrados de la Administración de Justicia de cada órgano judicial y que permite recoger los datos de los procedimientos por corrupción- y el 30 de septiembre de 2016. A partir de ahora se actualizará trimestralmente.

Además de esta información, la web del CGPJ ofrece la del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia, sobre condenados por sentencia firme por delitos de corrupción; y la de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarios del Ministerio del Interior y la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre las personas –tanto penados como en situación de prisión preventiva- sometidas a régimen penitenciario por este tipo de delitos.

Corrupción pública

El Consejo General del Poder Judicial ha optado por centrar la información que se ofrece en el repositorio en la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía.

De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se recogen en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos tienen su traducción en el Código Penal en un amplio listado de delitos que incluye la prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), la prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), la infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), el cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), el tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), la malversación (art. 432, 433, 434 y 435), los fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y los abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y la corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

Fase procesal

Los datos que se ofrecen en el repositorio corresponden a procedimientos penales por delitos relacionados con la corrupción una vez dictado auto de apertura de juicio oral o de procesamiento.

Se ha optado por fijar éste como el momento procesal a partir del que solicitar la información a los órganos judiciales dado que la finalidad de la fase de instrucción es determinar la naturaleza y circunstancias del hecho y las personas que hayan participado en él, pudiendo variar durante la investigación tanto el tipo penal como el número de personas implicadas en la misma.

1.378 personas acusadas y/o procesadas por delitos de corrupción

Con estas premisas, los datos del repositorio indican que, entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, los Juzgados y Tribunales españoles dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento por delitos relacionados con la corrupción contra 1.378 personas.

Del total de acusados y/o procesados, 1.060 eran hombres –el 77 por ciento- y 318 mujeres. La base de datos –que permite consultas de manera global para toda España o de manera detallada en el ámbito de cada Comunidad Autónoma- ofrece también información sobre la nacionalidad de los implicados: 1.174 eran españoles, 34 de Estados miembros de la Unión Europea y 170 extracomunitarios.

Un 72,7 por ciento de sentencias condenatorias

De las 99 sentencias dictadas en procedimientos por delitos de corrupción en los cinco trimestres estudiados, 72 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 72,7 por ciento del total.

La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).

399 condenados por sentencia firme por delitos de corrupción

El repositorio permite también conocer el número de personas condenadas por las sentencias dictadas por delitos relacionados con la corrupción que han adquirido firmeza en cada trimestre.

La suma de los cinco trimestres que recoge la base de datos es de 399 personas condenadas, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia.

Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, los de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística –es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico- y malversación.

82 penados sometidos a régimen penitenciario

Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.

En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario –como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados. A 1 de enero de este año había en el conjunto de España 82 penados –en 47 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 25 con el de cohecho- y cinco preventivos.

Trasladar la imagen real de la acción de la Justicia

En el acto de presentación del repositorio, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha subrayado que con la información que a partir de hoy se hace pública se ofrece por primera vez a los ciudadanos una forma de conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción, “dando un paso más, y esperamos que importante, en la recuperación de la confianza de la sociedad en sus instituciones”.

“Nuestros jueces y nuestras juezas están cumpliendo con su misión, y no siempre en condiciones fáciles”, ha señalado Lesmes, que ha añadido que aunque en ocasiones se critica de manera interesada la labor de jueces y magistrados, sugiriendo elementos de politización en las decisiones adoptadas y veladas acusaciones de falta de imparcialidad, “la realidad deja sin fundamento esas críticas” y demuestra que “frente a la eventual degradación criminal de personas con responsabilidades políticas, el Poder Judicial se limita a actuar sobre cada caso concreto, aplicando únicamente la ley, desde la legitimidad que nos brinda el Estado de Derecho por el que nos regimos”.

Por su parte, la vocal del órgano de gobierno de los jueces Mar Cabrejas, miembro del Grupo de Transparencia del Consejo, ha dicho que la información que ofrece el repositorio evidencia “la existencia de límites reales y tangibles contra la arbitrariedad, el abuso y el despotismo, ofreciendo una visión clara de la dimensión del Poder Judicial como una instancia independiente e imparcial llamada a controlar desde el Derecho, a hacer efectiva la idea del Estado Constitucional como sistema de límites y de vínculos impuestos al ejercicio de cualquier poder”.

Cabrejas ha confiado también en que el repositorio contribuya a trasladar a los ciudadanos “la imagen real de una labor muchas veces silenciosa de sus jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, Policía Judicial, funcionarios y demás servidores públicos en su firme compromiso de lucha contra la corrupción”.

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