El canje de participaciones preferentes y posterior venta de las acciones no supone un acto convalidante del negocio jurídico

El canje de participaciones preferentes y posterior venta de las acciones no supone un acto convalidante del negocio jurídico

El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la suscripción de unas participaciones preferentes de Catalunya Caixa, declarando que el canje de participaciones preferentes y la posterior venta de las acciones no supone un acto convalidante del negocio jurídico.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en Sentencia nº 670/2017 de 14 de diciembre sobre la adquisición de tres participaciones preferentes de Catalunya Caixa, que fueron canjeadas obligatoriamente por acciones de Catalunya Banc el 7 de junio de 2013. Tras el canje obligatorio, las acciones adquiridas podían ser vendidas volintariamente al Fondo de Garantía de Depósitos, como así se hizo. Los clientes interpusieron demanda de juicio ordinario contra Catalunya Banc, en la que solicitaron que se declarase la nulidad de los contratos anteriormente mencionados, siendo estimada la demanda en primera instancia. La Audiencia Provincial estimo el recurso de apelación interpuesto por la entidad financiera, desestimando la demanda. La Sala ha revocado la Resolución de la Audiencia, confirmando el pronunciamiento del juez de Primera Instancia.

En primer lugar, sobre la falta de legitimación activa considera la Sentencia lo siguiente: “Las participaciones preferentes salieron del patrimonio de los recurrentes en el momento del canje obligatorio, por lo que desde esa fecha no era posible la restitución en ejecución de una eventual sentencia que declarara la nulidad del negocio originario de adquisición. De manera, que la posterior aceptación de la oferta de adquisición del FGD no añadió nada a dicha imposibilidad de restitución, puesto que, los títulos ya habían salido del patrimonio de los adquirentes, no por su voluntad, sino por imposición administrativa anterior a la aceptación de la oferta de compra de acciones. La cual, por cierto, no se hizo conforme a un precio negociado, y ni siquiera de mercado, sino conforme al precio fijado por un experto designado por el FGD, en el marco de la intervención administrativa de la entidad emisora y comercializadora. Ahora bien, el art. 1307 CC no priva de la acción de anulabilidad al contratante afectado por un vicio determinante de tal nulidad, sino que únicamente, ante la imposibilidad de restitución por pérdida de la cosa, modula la forma en que debe llevarse a cabo la restitución de las prestaciones. Y a esa modulación se adaptaron lo solicitado en la demanda y lo concedido en la sentencia de primera instancia

Por otra parte, la Sala se pronuncia sobre los actos convalidantes del negocio jurídico, en los siguientes términos: “El canje obligatorio impuesto por el FROB no es, desde luego, un acto facultativo que quepa atribuir a la mera voluntad del recurrente. Igualmente, la aceptación de la oferta de adquisición de las acciones recibidas a cambio de las participaciones preferentes no integra un acto voluntario en sentido estricto, puesto que, en realidad no existía otra alternativa razonable para los adquirentes, atendidas las vicisitudes por las que atravesaba la entidad intervenida. Además, no puede tenerse por acto propio de sentido confirmatorio inequívoco la venta posterior de las acciones al FGD. Las circunstancias concurrentes, relativas a la imposición a la adquirente por disposición administrativa adoptada en el marco de la intervención de la entidad demandada,, de la transmisión de los títulos de participaciones preferentes y de la reinversión de lo obtenido en acciones no negociables de Catalunya Banc S.A., seguida de la aceptación de la oferta para su adquisición efectuada por el FGD, impiden considerar que nos encontremos ante un supuesto de confirmación tácita, en los términos del ya citado art. 1311 CC. Resulta palmario que a quien se le impuso administrativamente canjear sus participaciones preferentes por acciones no pueda imputársele posteriormente la realización de un acto propio en sentido jurídico (es decir, voluntario y dirigido a causar estado) ni tampoco que dicho acto impuesto revele de forma inequívoca una determinada voluntad.”

Por último, el Tribunal Supremo asume la instancia y desestima la excepción de caducidad estimada por la Audiencia Provincial, señalando sobre la existencia de error vicio en el consentimiento lo siguiente: “En este caso, como correctamente afirma la sentencia de primera instancia, no consta que se informara a los clientes sobre la naturaleza, características y riesgos del producto; ni puede considerarse que las órdenes de compra fueran suficientes a los efectos de dar cumplimiento a las obligaciones legales de información previstas en los arts. 79 y 79 bis LMV y en el RD 629/1993. Tampoco consta que se hiciera un estudio previo del perfil inversor de los clientes, o que se considerase si la inversión en participaciones preferentes era adecuada a dicho perfil.”

Sacristán&Rivas Abogados recomienda, a todos aquellos que tengan contratados productos financieroS, que, como consecuencia de la jurisprudencia reciente, acudan, cuanto antes, a expertos cualificados en la materia, para la realización de un estudio sobre el caso concreto y un análisis de las posibilidades de defensa, si así interesa, estando este Despacho especializado en la materia, y a su disposición a tales efectos.

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