Debate sobre la derogación de la pena de cárcel para piquetes de huelga

Debate sobre la derogación de la pena de cárcel para piquetes de huelga

La Comisión de Justicia del Congreso debatirá este martes una propuesta del PSOE para derogar el artículo del Código Penal que permite condenar a penas de cárcel a quienes coaccionen a otros para iniciar o continuar una huelga, precepto que fue reformado hace algo más de un año y que los socialistas consideran que “restringe” este derecho fundamental.

El diputado del PSOE Manuel de la Rocha volvería así a activar el debate sobre esta polémica defendiendo una iniciativa parlamentaria que su grupo registró mientras todavía se tramitaba la reforma del Código Penal, y que previsiblemente seguirá el mismo camino que otras debatidas anteriormente, como una de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) que fue rechazada gracias a la mayoría absoluta del PP.

En concreto, se trata de la reforma del apartado 3 del artículo 315 de la Ley Orgánica de 1995 que modificó el Código Penal, con la que se redujeron las penas de cárcel tanto a quienes dificulten o impidan el ejercicio de huelga a sus trabajadores como a los piquetes, que aún así quedan sometidos a castigos más duros de los previstos anteriormente, sobre todo en relación con la cuantía de las multas.

DESMANTELAMIENTO CONSTANTE DE LIBERTADES

Los socialistas critican que “con la crisis como oportunidad” el PP ha desarrollado un “proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades, especialmente de aquéllas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno”.

También acusan al Ejecutivo de practicar un “ataque directo a todas las medidas que exterioricen el conflicto”, utilizando tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como el Código Penal, y avanzando en un “entramado de leyes que asfixien la capacidad de reacción, protesta o resistencia” en el medio plazo.

Como prueba de estas acusaciones, apunta al incremento de las sanciones por participar en manifestaciones, particularmente de las condenas a penas de privación de libertad. Todo con el objetivo último de “disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y su libertad sindical”.

En este sentido, rechaza que se esté utilizando a la Fiscalía, cuyos escritos de acusación “presentan sospechosas notas en común, como la consideración de todas las actuaciones como preconcertadas, elemento esencial para que sea de aplicación la forma agravada de coacciones prevista” en el Código Penal, a pesar de que “en la mayoría de los casos los hechos no pueden ser entendidos como violentos o coactivos”.

GARANTIZAR EL DERECHO DE HUELGA

Dado que esta forma de actuar no se ajusta ni a la Constitución ni a los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ha firmado España, el PSOE exige al Gobierno tanto la derogación de la reforma como que garantice que el derecho de huelga recogido en la Constitución “no será vaciado de contenido” a través de la “actuación concertada del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ministerio Fiscal”.

Asimismo, reclama que se paralicen las reformas penales, administrativas y laborales “orientadas a criminalizar a las organizaciones sindicales y a desarticular la negociación colectiva”.

Y pide también que se interese de la Fiscalía General del Estado una actuación “inequívoca” en defensa del ejercicio del derecho de huelga, “evitando la situación actual que evidencia que la Fiscalía mantiene posiciones claramente restrictivas del ejercicio de tal derecho”.

“NO SE HA CRIMINALIZADO A LOS TRABAJADORES”

Precisamente sobre este asunto preguntó por escrito el diputado socialista Julio Villarubia, reprochando al Ejecutivo ‘popular’ que haya “criminalizado a trabajadores, desempleados y pensionistas” con su reforma del Código Penal, que instaba a derogar antes de que concluya la legislatura.

En su respuesta,el Ejecutivo niega que se haya criminalizado a ningún ciudadano con esta reforma, y asegura que lo que se ha conseguido es “incorporar la proporción entre el delito de coacciones básico y el delito de coacciones en el entorno laboral”, cuya “desproporción” no se había corregido en la reforma del Código Penal de 2010, dando lugar a “condenas desproporcionadas a la gravedad del hecho”.

Y es que las penas de cárcel previstas hasta el año pasado iban de los tres a los cuatro años y medio, impidiendo por tanto al condenado “beneficiarse de la suspensión en su cumplimiento”, lo que a juicio del Ejecutivo presentaba “claramente un déficit de proporcionalidad” que exigía “adecuar” los castigos al tipo básico de coacciones.

Además, el Gobierno recuerda que se permite a los jueces y tribunales optar entre multa o prisión, “en función de la gravedad de las coacciones”, lo que “flexibiliza” el tipo penal y permitiendo la posible suspensión de penas a delincuentes primarios.

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