Catalá propone un plan integral para agilizar la Justicia, basado en acciones procesales, organizativas, tecnológicas y más recursos

Catalá propone un plan integral para agilizar la Justicia, basado en acciones procesales, organizativas, tecnológicas y más recursos

En el orden procesal, el ministro ha manifestado su convicción de que son necesarios nuevos procesos que superen modelos agotados y nos lleven a la realidad del siglo XXI. Así, ha citado como antigua reivindicación de las asociaciones profesionales apoyada por la mayoría de fuerzas políticas, la necesidad de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que otorgue al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación, contando con un juez de garantías que tutele el respeto a los derechos fundamentales.

Catalá ha manifestado que esta fórmula acabaría con los juicios que se prolongan durante muchos años, dejando atrás el sistema inquisitivo para implantar un modelo acusatorio con protagonismo del juicio oral y mejoraría las garantías de defensa. Igualmente, se simplificarían trámites y recursos, caminando hacia un único procedimiento ordinario, se mejorarían las tareas de coordinación policial y se podría abordar la investigación y enjuiciamiento conjunto de menores y mayores en supuestos especialmente graves, preservando siempre el interés del menor.

Para llevar a cabo estos cambios, el titular de Justicia ha considerado necesaria y en paralelo, una reforma del Estatuto Fiscal que remarque la imparcialidad y otorgue mayor protagonismo al Consejo Fiscal y a las juntas de Fiscalía. Catalá ha recalcado la autonomía del Ministerio Fiscal como garante del interés general y de los derechos de los ciudadanos y ha negado que el Gobierno haya dado en ocasión alguna órdenes o instrucciones ni impuesto exigencias en relación con su labor, totalmente autónoma y libre. Rafael Catalá ha vuelto recordar que en España  contamos con una Fiscalía que no admite injerencias ni se deja intimidar por nada ni por nadie.

Dentro de este eje procesal, se ha referido a la necesidad de una revisión del proceso civil para agilizar la ejecución de sentencias civiles firmes mediante una reducción de trámites o eliminación de duplicidades, por ejemplo, en la tramitación de notificaciones y otras comunicaciones procesales aprovechando las ventajas tecnológicas, haciendo también mención de la mejora de la ejecución de sentencias en el ámbito penal.

En relación a la acción colectiva, el ministro ha propuesto que se perfeccione superando su actual regulación fragmentaria y se favorezca un único proceso para múltiples afectados.

Eje dotacional: más recursos

Catalá se ha referido a los esfuerzos realizados durante los últimos años por parte del Ejecutivo en esta materia, que se han plasmado en la creación reciente de 16 plazas de magistrados para la segunda instancia penal, la consolidación de 8.500 interinos en la Administración de Justicia y la atención a 1.140 medidas de refuerzo solicitadas por los tribunales con un gasto de 44,2 millones de euros.

Ese esfuerzo se ha visto reflejado en el propio presupuesto del Ministerio que este año crece un 7,7%, con 121,3 millones de euros más en una cuenta global de 1.700 millones, lo que demuestra que la Justicia es una auténtica prioridad para el Gobierno. Este incremento permitirá un aumento de las plantillas con 100 nuevas plazas de jueces y fiscales, así como un crecimiento del 86% de los gastos de inversión.

Habrá más medios, ha dicho Catalá, para cumplir con el principal objetivo del Ministerio, la defensa y protección de los que más necesitan de la Justicia, para lo que en los últimos tres años se han destinado más de 110 millones de euros. En ese sentido ha incidido en que la asistencia jurídica gratuita se va a mantener exenta del IVA y en una de las máximas prioridades del Gobierno como es la lucha contra la violencia de género.

En este último ámbito, ha recordado que las medidas adoptadas recientemente han supuesto una inversión de casi 134 millones de euros entre 2015-2017. Entre ellas ha destacado el endurecimiento de penas y la inclusión de nuevos delitos en el Código Penal, la aprobación del Estatuto de la Víctima y la importante aportación de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito, la modificación del régimen de asistencia jurídica gratuita para incluir a las víctimas de violencia de género, el incremento de las competencias de los Juzgados de Violencia contra la Mujer y las medidas incluidas en la Ley de Jurisdicción Voluntaria para impedir el matrimonio de personas que hayan participado en la muerte dolosa de su pareja de hecho.

Catalá se ha comprometido a impulsar una reforma del Código Penal que revise la regulación actual de la omisión de socorro en el ámbito de la seguridad vial para aquellos casos en los que conductores implicados en accidentes huyan dejando atrás a víctimas gravemente lesionadas o en riesgo de muerte, y que tipifique y castigue esta conducta como delito.

Escriba un comentario