Catalá impulsará una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal

Catalá impulsará una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comparecido a petición propia en la Comisión de Justicia del
Congreso de los Diputados, ante la que se ha comprometido a impulsar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que tendrá como principal novedad el papel protagonista del Ministerio Fiscal como director de
la fase de investigación de las causas, donde la defensa de derechos y libertades quedaría protegida por un juez de garantías.

Esta nueva norma regulará desde el papel de la Policía Judicial en la investigación de delitos hasta los derechos procesales de los investigados y de las víctimas, la potenciación de los procedimientos simplificados o el fortalecimiento del principio de oportunidad y la mediación penal como alternativas al proceso. Se trata así de actualizar una norma del siglo XIX que ha sido modificada en múltiples ocasiones y ahora con esta nueva versión propiciaría un servicio público de la Justicia más ágil a través de un proceso penal adaptado a las exigencias actuales.

El titular de Justicia ha manifestado “su firme compromiso y total disposición para buscar a través del diálogo las mejores respuestas a los desafíos que presenta la Justicia”. Catalá ha desgranado ante los representantes de todos los grupos parlamentarios los retos prioritarios en una agenda abierta para la reforma de la Justicia que arranca con la propuesta de creación de una Subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia. Esta estrategia identificará y definirá los objetivos de la reforma integral de la Justicia,
tendrá en cuenta la opinión de todos los profesionales y colectivos implicados en la misma e incluirá un sistema de indicadores de análisis y seguimiento para monitorizar la ejecución y controlar su evolución y
eficiencia.

Una justicia más ágil

Catalá ha explicado que, además de la reforma del proceso penal, otra de las actuaciones que aportarían agilidad al servicio público de Justicia sería la revisión del proceso civil, desde la mejora en la ejecución de
las sentencias, en el trámite de notificaciones, emplazamientos y suspensiones o facilitando el ejercicio de la acción colectiva que podría concentrarse en un único proceso para que varios perjudicados por un
mismo hecho puedan ver resarcidos sus derechos.

La reducción de la litigiosidad es otro de los objetivos ineludibles para el ministro de Justicia que apuesta decididamente por la mediación y el arbitraje como mecanismos complementarios y alternativos a la acción
de la Justicia, ya que aportan agilidad, especialización y flexibilidad a las partes para buscar soluciones. Se ha mostrado dispuesto a abordar reformas que apoyen ambas figuras para el fomento de la cultura del acuerdo frente al conflicto. En la actualidad España cuenta con 2.535 mediadores, 1.352 mediadores concursales y 78 instituciones de mediación al servicio de las soluciones concertadas.

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