Catalá destaca el esfuerzo del Gobierno en potenciar la dimensión internacional de la Justicia

Catalá destaca el esfuerzo del Gobierno en potenciar la dimensión internacional de la Justicia

Rafael CatalaEl ministro de Justicia, Rafael Catalá, inauguró en El Escorial el curso de verano de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) titulado Justicia en el mundo globalizado, donde ha manifestado que el Gobierno ha asumido y potenciado la dimensión internacional de la Justicia mediante el desarrollo de una intensa actividad legislativa durante la última legislatura.

El titular de Justicia recalcó que la realidad nos confirma un proceso de globalización que ha difuminado en múltiples aspectos los límites geográficos de los Estados, consolidando la libertad de circulación de las personas, capitales bienes y servicios hasta el punto de presentar un reto en materias como la Justicia y el derecho. Así, las fronteras de la Justicia ya no coinciden con las fronteras estatales, más aún cuando se trata de realidades complejas como el narcotráfico, terrorismo, blanqueo de dinero, sustracción internacional de menores o la trata de seres humanos.

Catalá repasó la actividad legislativa relacionada con esa dimensión internacional de la Justicia al destacar dos Leyes directamente vinculadas con la misma, como son la Ley 16/2015 de 7 de julio por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust y la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil, cuya aprobación está prevista para este mismo mes de julio.

En relación con la primera de ellas, que también prevé aspectos como los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior, su puesta en marcha sirve para la integración de nuestro país en redes de sistemas de cooperación como el establecido por la Unión Europea en materia penal.

Respecto a la segunda de las Leyes mencionadas, permitirá la regulación de un régimen común en el ámbito civil que facilite la cooperación internacional ante el creciente volumen de asuntos transfronterizos, de forma que se genere una mayor seguridad jurídica y agilidad en el trabajo de los operadores económicos. Esta norma permitirá unos tiempos de respuesta más cortos ya que los jueces podrán remitir de forma directa las solicitudes cooperación, abreviando el procedimiento establecido anteriormente.

El titular de Justicia manifestó, también, su convicción de que será necesario abordar una Ley de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Penal que nos dote de un marco general en sustitución del sistema actual basado en convenios bilaterales y reciprocidad.

Catalá hizo referencia asimismo a los cambios legislativos originados por sentencias de tribunales internacionales en los que España se encuentra comprometida. Así, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha resuelto la cuestión de la generalización de la segunda instancia penal y ha articulado un cauce procesal para la ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se ha concretado en un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo únicamente respecto a la resolución judicial recurrida ante dicho Tribunal. Mediante esa disposición se ha solventado la falta de regulación que condujo a la anulación de la doctrina Parot y provocó la excarcelación inicial de más de 60 presos condenados por delitos de terrorismo o sexuales.

A través de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil también se ha dado cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a las cláusulas abusivas en procesos monitorios que se basen en un contrato entre empresarios y consumidores, introduciendo la posibilidad de que el Juez verifique su existencia e inadmitir la reclamación de pago.

En cuanto a la legislación comunitaria, el ministro de Justicia considera a España como un alumno aventajado en esa labor de adecuar y renovar el ordenamiento jurídico puesto que en menos de dos años se ha realizado la transposición de hasta nueve Directivas de la Unión Europea, algunas directamente relacionadas con el derecho procesal como las relativas al derecho de interpretación y traducción en procesos penales, derecho de información en los mismos, intercambio de información de antecedentes penales y reconocimiento mutuo de resoluciones penales en territorio comunitario.

Catalá se refirió también a la reforma del modelo de Justicia Universal afrontada por el Gobierno, destinada a establecer criterios claros para determinar la competencia de los tribunales nacionales que garanticen la adecuada persecución de los delitos especialmente graves cometidos fuera de territorio español. El ministro considera que ese modelo anterior generaba expectativas frustradas ya que la apertura de sumarios nunca concluía en juicios orales ni sentencias condenatorias por lo que se ha adoptado un concepto de Justicia Universal similar al de otras democracias avanzadas de nuestro entorno, que no deje, en ningún caso, margen para la impunidad.

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